RESTRICCIONES PARA TODOS

comerciales podían tener licencias, si bien un fallo de la Corte de 2003 había declarado
inconstitucional esa restricción, ver D.01.09.2003.) 72
§
Sin embargo, la misma ley establecía que las entidades sin fines de lucro que prestaban servicios
públicos —tales como las cooperativas telefónicas o de electricidad de localidades del interior y que
muchas veces tienen ventajas comparativas y capacidad real para prestar el servicio de TV cable—
sólo podrían obtener una licencia cuando fueran el único medio de la categoría correspondiente de la
respectiva localidad 73 .
De todas formas esta ley no podía implementarse plenamente porque desde 2000 el COMFER había
“congelado” la concesión de licencias para cable (excepto que los trámites hubieran comenzado
antes de esa fecha) (ver D.2003 - 2009).
§
Por otro lado, y convalidando un hecho que ya se venía produciendo, también se autorizó
expresamente que las empresas extranjeras pudieran acceder a licencias de radio, TV abierta o TV
cable si estaban comprendidas en tratados internacionales de reciprocidad en ese sentido firmados
por Argentina (todos ellos de los años 90) o bien cuando “los contratos de cesión de acciones, cuotas
o de transferencia de la titularidad de la licencia hayan sido celebrados con anterioridad a la fecha
de entrada en vigencia de la Ley 25750, y […] se encuentren aprobados en la Comisión de Defensa de
la Competencia” (ver E.18.06.2003).
La participación limitada de las cooperativas en el segmento de TV cable que consagraba esta ley no podía hacerse
cumplir en forma plena: desde 2000 regía un “congelamiento” para adjudicar ese tipo de licencias, que recién en 2006
fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema. El kirchnerismo no se preocupó demasiado por la “ausencia de
nuevas voces” ni por la restricción contra las cooperativas en la TV cable, a tal punto que aún después de esta ley y del
72 Sin embargo, desde los años 90 se habían otorgado a la Iglesia Católica “autorizaciones”, por adjudicación directa, para
instalar varias emisoras de AM, FM y hasta de TV abierta.
73 La exclusión de las entidades sin fines de lucro, particularmente cooperativas, de la prestación de los servicios de radiodifusión
tiene una larga historia en el país. Fue consagrada en la primera ley de ese tipo, la 14241 de 1953, sancionada en el segundo
gobierno de Juan Domingo Perón. Irónicamente, la norma es reivindicada hasta hoy por algunos sectores peronistas y
“progresistas”, pero fue la ley de comunicación más autoritaria y oligopólica de la historia argentina. Contenía varias
restrIcciones expresivas y, lo peor, decretaba que sólo tres empresas comerciales, junto con el Estado, tendrían derecho a
operar emisoras en todo el país.
Las subsiguientes leyes de radiodifusión consagraron la individualidad de las licencias y fijaron límites estrictos en las emisoras
que cada empresa podía operar. También mantuvieron la restricción contra ONG y cooperativas. Esto último no fue tanto una
exclusión de tipo “ideológico”, sino el resultado de la presión de emisoras locales comerciales de ciudades pequeñas o medianas
que no deseaban que cooperativas igualmente locales de servicios públicos —que tienen ingresos regulares estables de cierta
importancia— pusieran en el aire estaciones que pudieran beneficiarse de subsidios cruzados de los otros servicios que prestaran
y, en ciertos casos, de desgravaciones de impuestos.
Cuando la televisión por cable se difundió en todo el país en los años 80, los operadores locales de ese servicio redoblaron el
lobby contra las ONG y especialmente las cooperativas para que estas continuaran siendo excluidas, invocando las mismas
razones de subsidios cruzados, exenciones impositivas y las ventajas comparativas que cooperativas eléctricas o telefónicas
podían tener —en este caso por los derechos de paso de sus postes o ductos— para hacer correr cables en distintos puntos de una
localidad. A este lobby se sumaron luego empresas grandes de cable que querían reducir la competencia: también argumentaban
la inconveniencia de los “subsidios cruzados”, como si una gran empresa multimedios no tuviera la capacidad de derivar subsidios
cruzados de sus múltiples actividades.
Quedaba así patente que la exclusión de las ONG y cooperativas era injusta y se debía al lobby de entidades comerciales que
buscaban librarse de competencia. El Decreto 1143 (07.10.1996) autorizó a las entidades no comerciales a ser licenciatarias de
servicios de radio, TV y cable, pero el decreto fue rápidamente derogado por el 1260 (06.11.1996), seguramente por presiones de
las empresas de cable.
Entre fines de los años 90 y principios de la década de 2000 se levantaron las restricciones en forma muy limitada. Las
resoluciones 441 y 462 (1998) del COMFER admitieron por primera vez a las ONG y cooperativas en el medio, pero solamente
como accionistas de sociedades comerciales de licencias de TV cable y siempre que empresas comerciales compartieran la
propiedad. La Resolución 606-COMFER (2001) estableció que la participación de las cooperativas en estas entidades no podía
tener los votos necesarios para conformar la voluntad social.
La Resolución 443-COMFER (2005) rechazó un recurso de la Cooperativa Telefónica de Libertador General San Martín Ltda., de la
localidad jujeña del mismo nombre. Esa cooperativa pretendía instalar un sistema de TV cable, pero no podía hacerlo en forma
legal debido a que el COMFER mantenía “congelada” la concesión de licencias para ese servicio. Si bien un fallo de la Corte de
2006 declaraba inconstitucional ese congelamiento, a la citada cooperativa se le negó otra vez la licencia dado que la nueva Ley
26053 disponía que una cooperativa de servicios públicos no podía ofrecer TV cable mientras existiera un licenciatario privado
comercial (en esa localidad operaba la empresa Teleaudio SA).
A partir de entonces y hasta la sanción de la Ley de Medios, se registraron varias transferencias de sistemas de cable de
empresas privadas a cooperativas (aunque sólo en ciudades donde no había otro proveedor). También se acordaron algunas
licencias plenas para emisoras de radio a cooperativas y a ONG (ver D.2003 – 2012, apartado Resolución 1366).
Cuando la Ley de Medios levantó en 2009 todas las restricciones a las cooperativas, se reanudó —muy reticentemente— el
otorgamiento de licencias de cable por parte de AFSCA, suspendido desde 2000. En ese marco, las dos primeras licencias
directamente adjudicadas a cooperativas para prestar el servicio de TV cable fueron las concedidas por la Resolución 571-AFSCA
(29.12.2010) a la Cooperativa Eléctrica y de Obras y Servicios Públicos de Monte Buey Ltda. (provincia de Córdoba), que venía
funcionando con anterioridad, y por la Resolución 584-AFSCA (29.12.2010), a la Cooperativa de Provisión de Obras, Viviendas y
Servicios Públicos de Villa Trinidad Ltda. (provincia de Santa Fe), que empezó a transmitir el 01.08.2012.
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