RESTRICCIONES PARA TODOS

nacional”, Documento de políticas públicas, Recomendación No. 80. También ha preparado
documentos sobre campañas electorales y transparencia institucional, mencionados en notas al pie
de página en el texto principal de este libro.
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La Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), Sección Argentina, tiene un informe que
aborda las adjudicaciones de frecuencias y licencias, AMARC (2008), Informe técnico sobre
concesiones de licencias de radiodifusión en Argentina, Buenos Aires: mimeo. El mismo tema, con
énfasis en las emisoras comunitarias, es analizado en Marino, Santiago (2008), “Argentina” en
Programa de legislaciones y derecho a la comunicación, AMARC (2009), Las mordazas invisibles:
nuevas y viejas barreras a la diversidad en la radiodifusión, Buenos Aires: AMARC, un estudio de caso
escrito por un investigador de la cátedra de Guillermo Mastrini (Políticas y planificación de la
comunicación) en la UBA.
El informe Derechos humanos en la Argentina, que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
emite cada año, incluye un capítulo sobre libertad de expresión y derecho a la información 248 . Este
informe tiende a poner énfasis en el análisis de la concentración de medios y a defender la Ley de
Medios de 2009. También analiza la cuestión del acceso a la información.
La Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA), integrante de la Federación
Argentina de Trabajadores de Medios (FATPREN) y que no es parte de ninguna central sindical 249 ,
tiene un Observatorio de medios en Internet que pese a su nombre ofrece mayormente artículos
políticos, económicos, sobre cuestiones sociales o de comunicación desde una perspectiva
definidamente de izquierda y “antiimperialista” (sólo contra Estados Unidos).
248 Hasta 2007, los autores de ese capítulo del informe anual del CELS eran el abogado Damián Loreti, entonces vicedecano de la
Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, profesor de derecho de la información —también uno de los principales especialistas en
acceso a la información— y Laura Zommer, periodista, abogada y profesora de derecho de la información en la UBA. En 2008, el
autor del capítulo pasó a ser el docente e investigador Luis Lozano, “integrante del área de Comunicación del CELS”, con la
colaboración de Loreti. Desde entonces, Zommer dejó de participar en la redacción de ese capítulo. (A partir de 2012 Zommer
dirige chequeado.com, organización que investiga la veracidad de los datos e informaciones que difunden el gobierno, los
políticos y los medios.) Por su parte, Loreti fue designado en 2012 secretario del CELS.
El informe anual del CELS se ocupa, en gran parte, de los abusos que el Estado comete contra las personas en términos de
derechos humanos (“gatillo fácil”, condiciones carcelarias, etc.) y no considera a los afectados por la delincuencia común o
vinculada con el narcotráfico. Pero en el caso de la comunicación, especialmente desde 2006, invierte el criterio y centra su
crítica en los grandes medios privados, mientras defiende la acción estatal para limitar su actuación.
Como resultado de este último criterio, el capítulo sobre libertad de expresión y derecho a la información de los informes
anuales del CELS ha tratado más sobre economía política de los medios que de derechos humanos, entre los cuales podrían
considerarse los casos de vulneración de derechos de periodistas, comunicadores o titulares de medios por arbitrariedades del
poder público. Sin embargo, estos casos son ignorados o tratados de manera muy general.
Tampoco enumeran las propias violaciones en que incurre el gobierno nacional en la aplicación de la Ley de Medios —que es
invariablemente ponderada—, ni critican el manejo partidario de los medios del Estado, salvo en aspectos ocasionales y
secundarios. (Paradójicamente, el CELS fue uno de los patrocinadores del documento “Una radiodifusión pública para la
democracia”, que promovía principios de funcionamiento transparente para los medios públicos, diametralmente opuestos a los
criterios con los que han funcionado bajo el kirchnerismo.)
De igual forma, las críticas al poder ejecutivo por la distribución arbitraria de la publicidad oficial son muy leves y tienden a
concentrarse en situaciones provinciales, especialmente en aquellas jurisdicciones donde no gobierna el kirchnerismo.
Con respecto de los temas de acceso a la información, el capítulo fue razonablemente ecuánime hasta 2007. Desde esa fecha,
aunque no dejó de formular críticas por la demora en sancionar una ley de acceso a la información y otros temas, tendió a ser
complaciente con las numerosas violaciones cometidas por el gobierno nacional a los propios reglamentos (aprobados por el
Decreto 1172 en 2003) que consagraban tal acceso, sin reseñar en detalle los casos de organismos o funcionarios que se negaban
a suministrar información o la retaceaban con argumentos no contemplados en la norma (en contraste con los señalamientos
minuciosos que hace de organismos o funcionarios en otros temas de derechos humanos). Sobre la cuestión del INDEC se limita a
tomar nota de que existe una controversia relacionada con el “cambio de metodologías” de medición y no abre juicio al
respecto, concentrándose en cambio en temas menores de acceso público a los datos.
El sesgo y las limitaciones de los informes del CELS en todas estas cuestiones deben atribuirse a dos factores. En primer lugar
porque el CELS está presidido desde 2000 por el periodista Horacio Verbitsky, quien escribe regularmente en el diario paraoficial
Página/12 y es partidario abierto de los gobiernos kirchneristas. Al mismo tiempo es una suerte de asesor informal pero muy
escuchado por el gobierno en varios temas, a tal punto que a veces sus artículos se coordinan con campañas gubernamentales.
Sin embargo, Verbitsky conserva márgenes de independencia para criticar temas o medidas puntuales. En segundo término, debe
tenerse en cuenta también que el secretario del CELS, Damián Loreti, es el principal autor del texto de la Ley de Medios y que
está vinculado con Gabriel Mariotto, titular del COMFER/AFSCA entre 2008 y 2011. (Loreti se desempeña además como abogado
del Sindicato Argentino de Televisión [SATSAID}; en 2012 fue candidato —derrotado— del kirchnerismo para la presidencia del
Colegio de Abogados de Buenos Aires. Obtuvo un 12% de los votos.)
249 Se estima que la cantidad de periodistas de los medios de Buenos Aires afiliados a UTPBA no supera el 15% del total. La
conducción del sindicato, en manos de la misma lista desde su creación, es muy cercana al kirchnerismo. De hecho, UTPBA casi
no ha condenado acciones gubernamentales o de aliados del kirchnerismo contra la libertad de expresión, si bien es cierto que,
por ejemplo, repudió el ataque de miembros la organización Túpac Amaru, de Jujuy, en 08.2012, contra un equipo del programa
Periodismo para todos, de Jorge Lanata.
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