RESTRICCIONES PARA TODOS

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18.10.2012: El titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, dijo que “sabemos que va a haber
presiones, pero [...] no cederemos a ninguna presión [ni] vamos a cambiar nuestros principios”.
18.10.2012: En declaraciones a Infobae, el constitucionalista Gregorio Badeni dijo que “desde el
momento que se forzó la renuncia del juez Tettamanti; desde que se recusó a jueces subrogantes
designados por la Cámara Civil y Comercial; desde que se intentó forzar a la Corte para que resuelva
la disparidad de opiniones que hay en el Consejo; resulta evidente que el poder ejecutivo presionó
al poder judicial”.
Badeni señaló también la inconsecuencia de los pedidos de recusación del kirchnerismo contra
algunos miembros “porque no quieren aprobar una terna con candidatos a jueces para ocupar el
cargo vacante en el juzgado Nº 1, cuando no se adopta una conducta similar respecto a funcionarios
que no se expiden sobre las ternas que les ha mandado” para otras vacantes en el fuero federal.
Otro constitucionalista, Félix Loñ, dijo que el poder ejecutivo no puede inmiscuirse en la función
judicial [...] [Por lo tanto] “la actitud del ministro Alak constituye una clara violación [de ese
principio] [...] y de la división de poderes [...] Esto es una expresión reiterada de la actitud
extorsiva que tiene el poder ejecutivo para tratar con los otros poderes. Ejerce presiones para
imponer su criterio”.
En este caso, agregó Loñ, “el oficialismo busca que se designe un juez que le dé garantías de que se
va a expedir en perjuicio del Grupo Clarín”. Dijo que a su juicio el conflicto no tiene “gravedad
institucional”, por lo que consideró probable que el tribunal no acceda a tomar la causa por per
saltum: era “una simple crisis entre el oficialismo y la oposición”, a raíz de una "postura conflictiva
asumida por la representación del poder ejecutivo [...] al no querer consensuar una salida
armónica”.
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26.10.2012: El poder ejecutivo publicó una lista de jueces que habían recibido acuerdo del Senado el
día anterior y que quedaron en condiciones de ocupar cargos vacantes en el fuero Civil y Comercial
Federal, el cual tenía a su cargo decidir sobre la medida cautelar del Grupo Clarín referida a las
cláusulas de desinversión de la Ley de Medios. Se suponía que la mayoría de estos nominados tenían
posturas afines al kirchnerismo.
26.10.2012: Con el pedido de recusación del camarista Francisco de las Carreras, el gobierno
comenzó una ofensiva para influir en la composición de la CNACC, cámara que adquiría un carácter
crucial por dos razones: a) debería decidir sobre la ampliación de la medida cautelar una vez que la
cautelar originaria cesara el 07.12.2012 y en el caso que no se hubiere decidido sobre la
constitucionalidad de los artículos objetados por el Grupo Clarín, y b) se constituiría en el tribunal de
segunda instancia si el fallo del juez sobre la constitucionalidad o no de la ley fuera apelado, como
previsiblemente ocurrió.
La Sala I de la CNACC tenía el caso de la Ley de Medios y, por lo tanto, debía decidir al respecto. En
ese entonces estaba compuesta por dos jueces titulares, el citado De las Carreras y Susana Najurieta.
El tercer juez se había jubilado meses atrás y no se había designado ningún reemplazante ni
subrogante. La ofensiva del gobierno se enfocó en esa sala, aunque también abarcaría a los
camaristas de otras salas, que resolvían sobre subrogancias y recusaciones.
Para resolver la recusación sobre De las Carreras deberían expedirse la jueza Najurieta y los dos
jueces de la Sala III de la CNACC, Ricardo Recondo y Graciela Medina.
Según voceros del gobierno, De las Carreras participó en “un viaje turístico” a Miami financiado por
el Grupo Clarín en 05.2012. Lo que se presentó como “una invitación de una supuesta organización
internacional de justicia”, incluyó una “visita a la sede de Cablevisión en Miami”. Esto justificaría la
recusación por haber “recibido beneficios de una de las partes en disputa”.
De las Carreras, un magistrado ampliamente respetado en la justicia, desmintió la especie.
Dijo que había concurrido a una reunión del Foro Mundial de Propiedad Intelectual invitado por el
Centro de Estudios para el Desarrollo de las Telecomunicaciones y el acceso de la Información en
América Latina (CERTAL). Se trata de una organización sin fines de lucro donde participan a título
individual directivos de distintas empresas de telecomunicaciones de América Latina —algunas del
Grupo Clarín—, y que es financiada por aportes de medio centenar de esas empresas. Sin embargo,
De las Carreras participó por muchos años en múltiples congresos internacionales similares sobre
derecho de las comunicaciones y propiedad intelectual. CERTAL invitó a esa reunión a numerosos
funcionarios y magistrados latinoamericanos.
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