RESTRICCIONES PARA TODOS

“La mayor crítica a la idea de ARSAT no es que sea estatal. En todo caso, ésa es una discusión
ideológica y en el mundo hay innumerables ejemplos de estados prestadores o financiadores de
proyectos de infraestructura. La mayor crítica es que no se divisa una estrategia de mediano plazo
que conteste qué, para qué, cómo y dónde”, agregó Celani.
El ministro De Vido respondió las críticas de La Nación señalando que “la democratización del acceso
a las nuevas tecnologías [...] no forma parte del ideario neoliberal del diario [...] Les molesta que
ARSAT promueva la inclusión y la soberanía”. Sin embargo, no aclaró si las fibras estaban o no
activadas ni precisó la política a seguir con la red.
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Con Argentina Conectada y la construcción de la REFEFO, ARSAT adquiría una creciente importancia
como empresa estatal de telecomunicaciones. A esto se sumaba su manejo de la infraestructura de la
TV digital abierta y, más adelante, el anuncio —aún no concretado— de una futura operación de
telefonía celular.
El propósito declamado de la Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO) es el de favorecer la banda ancha y la inclusión
digital, poniendo a disposición de proveedores privados locales de Internet una mayor capacidad de ancho de banda que
la ya disponible (más velocidad) y/o a precios más bajos.
Por otro lado, el gobierno decía que gracias a la REFEFO de ARSAT sería posible brindar servicios de Internet de banda
ancha donde éstos no existían. En algunos casos esto se haría sustituyendo los vínculos existentes de los proveedores de
Internet locales en lugares despoblados o aislados, los que se efectúan por radioenlaces de microondas o por satélite, de
menor capacidad que las fibras.
De hecho, la red podría ser un aporte positivo en varias circunstancias, por ejemplo, en el mencionado caso de Tierra
del Fuego.
Es cierto que las redes privadas no van a muchas ciudades pequeñas o apartadas. Precisamente el tendido de fibra en
tales trayectos a cargo del Estado tiene sentido, en ejercicio de sus funciones de promoción e integración. Pero no hace
falta que el Estado instale a altos costos fibra en trayectos donde hay dos, tres o hasta media docena de operadores
competitivos que tienen capacidad instalada que no se cubrirá en años.
Si bien varios tramos de la REFEFO llegarán a poblaciones no rentables o que hasta el momento cuentan con
conexiones deficientes —lo que efectivamente promoverá la inclusión digital y dará infraestructura que el sector privado
no provee— no era necesario construir toda una red nacional a un costo millonario con dinero público.
En algunos trayectos, la REFEFO competirá con más de media docena de redes privadas paralelas (Telecom,
Telefónica, Telmex/Claro, Cablevisión, Global Crossing/Level 3, Iplan, Gigared, Silica/Datco, Telcosur/TGS, etc.), a tal
punto que ARSAT compró o intercambió capacidad en algunas de estas redes para armar la suya propia. Además, existen
tramos de fibra óptica “oscura” (no activa) que contratistas privados han emplazado aprovechando el tendido de rutas,
oleoductos o líneas eléctricas y que constituyen “reservas” que se utilizarán en un futuro indeterminado.
Por supuesto, la inversión en telecomunicaciones es multiplicadora y sería miope no advertir su enorme importancia
para el futuro y para llevar los beneficios de la sociedad digital a todos los habitantes del país. Pero bastaba con hacer los
tramos correspondientes a donde no llegaba ninguna red o hay enlaces deficientes, o bien obligar a las empresas con
redes ya instaladas (o a instalarse) a extender tales redes a zonas menos rentables y subsidiarlas con los ingresos de sus
zonas rentables.
Es verdad que Telecom y Telefónica desalientan que los operadores locales (de telefonía o de Internet) puedan utilizar
sus redes troncales nacionales de fibra óptica. Por esta razón, los precios o la calidad del servicio en localidades
pequeñas o alejadas no ayudan a la inclusión digital ni al desarrollo de tales áreas. Este fenómeno tiene lugar,
principalmente, porque el Estado no se ha preocupado por fijar y hacer cumplir normas y tarifas adecuadas de
interconexión.
Esta circunstancia se agrava por el hecho de que tanto Telecom como Telefónica dejaron de hacer inversiones
importantes desde principios de la década de 2000 en redes fijas, debido a una serie de razones, entre las cuales pueden
mencionarse la inseguridad jurídica regulatoria y la falta de voluntad del Estado para controlar e impulsar inversiones de
tales compañías.
Una política apropiada consistiría en promover redes troncales nacionales o regionales privadas de fibra óptica
alternativas a las de ambas compañías “incumbentes”, es decir, las dominantes Telefónica y Telecom. Algunas o todas de
estas redes alternativas —o aun las propias redes de Telefónica o Telecom— podrían recibir algún tipo de incentivo
otorgado por el Estado a cambio de que llegaran a zonas que normalmente no serían rentables o que se comprometieran
a un acceso favorable a proveedores de Internet competitivos. Pero ninguna de estas medidas se ha tomado: la mayoría
de las redes troncales nacionales de fibra óptica alternativas a las de Telecom y Telefónica se han instalado antes de 2001
o en circunstancias poco favorables en términos regulatorios y económicos, que limitan su expansión.
No puede dejar de considerarse la hipótesis según la cual lo que verdaderamente motivó al gobierno kirchnerista la
construcción de la REFEFO y la extensión del ámbito de negocios de ARSAT fueron consideraciones sobre el potencial de
propaganda y el control de la información, que iban más allá de una política económica de inspiración estatista.
En efecto, tuvieron que pasar más de siete años de gestión kirchnerista para que se anunciaran medidas tendientes a
hacer más accesibles las telecomunicaciones y el Internet a sectores y áreas postergadas, lo que nunca antes había sido
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