RESTRICCIONES PARA TODOS

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Dos ONG de actuación global, el Committee to Protect Journalists (CPJ) (Nueva York), y la
International Freedom of Expression Exchange (IFEX) (Toronto), difunden alertas inmediatas en
casos de ataques o agresiones a periodistas en todo el mundo. CPJ emite cada año el informe Attacks
on the Press.
La Federación Latinoamericana de Trabajadores de la Comunicación Social (FELATRACS) es una
agrupación ecléctica de sindicatos y gremios relacionados con los medios, pero de representación
muy dispar según los países. Su sede se encuentra en Lima, Perú. De la Argentina solamente es
miembro el Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas (Omar Plaini). La FELATRACS tiene un
Observatorio latinoamericano para la libertad de expresión que esencialmente sigue casos de
periodistas agredidos o cuyos derechos de expresión han sido violados, pero sus reseñas suelen ser
incompletas o atrasadas.
La Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP), fundada en 1976 y con sede en México DF y
Buenos Aires, agrupa a sindicatos de prensa de distintos paises. Tiene una Comisión de Investigación
de Atentados a Periodistas (CIAP) que ocasionalmente trata casos y publica informes. La organización
—su afiliada en la Argentina es UTPBA— apoya explícitamente a los gobiernos cubanos y venezolanos
y a las fuerzas del “socialismo del siglo XXI”. La mayoría del material en su sitio son declaraciones de
defensa de ambos gobiernos y de condena a los Estados Unidos 251 .
La Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión de la OEA, parte de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH), produce desde 1998 un Informe anual en el cual, según sus propias
palabras, “refleja las actuaciones del año inmediatamente anterior; sistematiza las buenas prácticas
y los mayores desafíos en cada uno de los estados de las Américas; elabora informes teóricos sobre
asuntos novedosos o problemáticos respecto de los cuales no existen estándares suficientes o
adecuados; difunde la doctrina y la jurisprudencia regional y de otras latitudes en la materia; y,
finalmente, formula una serie de recomendaciones a los estados”. Estos informes también
contienen un capítulo llamado El derecho al acceso a la información pública en las Américas (su
título ha variado).
En 2010, la Relatoría elaboró unos muy interesantes Estándares de libertad de expresión para una
radiodifusión libre e incluyente. En 2012 emitió los Principios sobre regulación de la publicidad
oficial y libertad de expresión, que recomendaba estándares para ser aplicados en los distintos
países.
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La Relatoría Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y de Expresión publica
informes ocasionales sobre la situación de determinados países o acerca de temas generales. Su
titular, el exdirigente de derechos humanos guatemalteco Frank La Rue, elogió la Ley de Medios
argentina en varias oportunidades durante 2009 y 2010; también volvió a hacerlo en 10.2012, cuando
fue invitado al país por el gobierno. Sus declaraciones fueron ampliamente difundidas e incluso
manipuladas por el gobierno de Cristina Kirchner para dar a entender que existía un aval de la ley
por parte del organismo internacional 252 .
251 El presidente de la FELAP, Juan Carlos Camaño, escribe en el sitio web de la entidad (27.12.2012): “[En Venezuela] la
oposición trabaja a destajo, carne y uña con la gusanera de Miami, la CIA disfrazada de caperucita en múltiples espacios
culturales y con ONG, inconfundiblemente caritativas y docentes en temas diversos […] Desparpajos y obscenidades están en el
orden del día de la prensa opositora a Chávez”.
252 La Rue habla a título personal —no de la ONU— y de sus declaraciones se desprende que fue particularmente cautivado por la
disposición de la ley que prevé la reserva de frecuencias para las ONG, grupos indígenas y entidades no comerciales.
Precisamente son los aspectos de la ley que apenas se han visto (en cambio, empresarios o empresas que no tienen nada que ver
con las ONG y menos con “pueblos originarios” como Cristóbal López, Sergio Szpolski o Electroingeniería SA, compraron varios de
los principales medios del país).
Es difícil suponer que La Rue no tenga conciencia de que sus declaraciones tercian en uno de los temas más controvertidos de la
política argentina, que enfrenta no sólo al gobierno con los medios, sino también al gobierno con la oposición; aún así, en este
tema parece privilegiar exclusivamente sus contactos con las autoridades argentinas, sin tener en cuenta otras opiniones.
Es posible que La Rue tenga una sensibilidad lógica con temas antimonopólicos a partir de la situación televisiva de su nación de
origen, donde existe un verdadero monopolio televisivo: “En mi país, Guatemala, la televisión abierta, que cubre el 90% de la
población, es un monopolio. Un monopolio extranjero” (Página/12, 15.08.2009). Se refería al caso del empresario mexicanoestadounidense
Remigio Ángel González, que opera directa o indirectamente todos los canales abiertos privados de Guatemala
en la banda VHF. Sin embargo, aquí en la Argentina, el mismo propietario al que La Rue menciona como ejemplo de monopolio
en su país… ¡es quien controla LS83-TV Canal 9, uno de los medios audiovisuales privados más oficialistas y antipluralistas que se
recuerden en el país! Pese a que muchos consideran al canal como “flojo de papeles”, González tiene el completo apoyo del
kirchnerismo, que lo subvenciona con publicidad oficial. Ningún funcionario argentino objetó jamás aspecto alguno de esta
emisora y, por el contrario, el gobierno incluyó a Canal 9 y a otras señales producidas por González como “invitadas” en la
plataforma digital oficial (TDA estatal). La Rue no parece conocer o tener en cuenta este tipo de situaciones, pero sería
importante que se pronunciara al respecto. (En 2013 La Rue se quejó de cómo el gobierno argentino distribuía la publicidad
oficial, declaración que al contrario de las anteriores no tuvo cobertura en los medios del “aparato” kirchnerista.)
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