RESTRICCIONES PARA TODOS

El director académico de la Fundación Pensar, Iván Petrella, afirmó que “la falta de información pública
es al mismo tiempo garantía de impunidad y expresión de poder. Por un lado, cuanta menos información
fiable hay, más difícil es evaluar una gestión. Por el otro, al negar información, un gobierno expresa que su
poder lo exime de la rendición de cuentas”.
La siguiente es una reseña cronológica analítica y comentada acerca de las principales acciones de lo
que aquí se llama desinformación pública, llevada a cabo por el gobierno nacional o sus aliados. Tales
acciones comprenden las restricciones al acceso de la información pública en perjuicio de la ciudadanía
o entidades independientes del gobierno, al igual que el suministro de datos incompletos, engañosos o
falsos. También se repasa el incumplimiento de obligaciones constitucionales o legales relacionadas con
el suministro de información por parte del propio poder ejecutivo, ya sea a la ciudadanía o a otros
poderes (legislativo, judicial) y los intentos o actividades presuntas del gobierno relacionadas con la
intercepción indebida de comunicaciones con fines de espionaje político interno.
2003 - presente
Luego de dictarse el Decreto 1172 sobre acceso a la información pública, el gobierno restringe cada vez
más la difusión de los datos correspondientes.
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El Decreto 1172 del 03.12.2003, en una medida que el gobierno quiso mostrar como ejemplo de una
política de transparencia, dispuso el acceso a la información pública por parte de cualquier
ciudadano.
Era la primera vez que se instituía una norma de este tipo, que fue elaborada e impulsada por la
Subsecretaria para la Reforma Institucional y el Fortalecimiento de la Democracia, un organismo de
la Jefatura de Gabinete dirigido desde 2003 por Martha Oyhanarte, extitular de Poder Ciudadano 226 .
Las disposiciones más importantes de este decreto están contenidas en el Reglamento General del
Acceso a la Información Pública para el Poder Ejecutivo Nacional, que figura como uno de sus
anexos:
Toda persona tiene derecho a requerir, consultar y recibir información generada por el Estado, la
cual debe ser provista en forma “completa, adecuada, oportuna y veraz”.
El Reglamento se aplica no sólo a la administración pública como tal, sino incluso a “los organismos,
entidades, empresas, sociedades, dependencias y todo otro ente que funcione bajo la jurisdicción
del Poder Ejecutivo Nacional”. Más aún, extiende esta obligatoriedad de información pública a
empresas privadas que operen con permiso o licencia para prestar servicios públicos o explotar
bienes del dominio público.
Varias disposiciones están orientadas a facilitar el trámite: el pedido de información puede ser
efectuado por cualquier persona y no hay que fundamentar la razón de la solicitud, que es gratuita
(excepto por el costo de las reproducciones). Tampoco debe contarse con patrocinio letrado. El
pedido se debe formular por escrito “sin estar sujeto a ninguna otra formalidad”.
Considera información “a toda constancia en documentos escritos, fotográficos, grabaciones,
soporte magnético, digital o en cualquier otro formato y que haya sido creada u obtenida por los
sujetos mencionados [...] [y que] obre en su poder o bajo su control, o cuya producción haya sido
financiada total o parcialmente por el erario público, o que sirva de base para una decisión de
naturaleza administrativa, incluyendo las actas de las reuniones oficiales”.
Asimismo, se “debe proveer la información mencionada siempre que ello no implique la obligación
de crear o producir información con la que no cuente al momento de efectuarse el pedido, salvo que
el Estado se encuentre legalmente obligado a producirla, en cuyo caso debe proveerla”.
226 A medida que el gobierno se inclinaba hacia actitudes autocráticas, la tarea de Marta Oyhanarte se hizo cada vez más difícil
(ver G.09.2009). Varios sectores del kirchnerismo decían que su tarea “filtraba información” a los “medios enemigos”.
Oyhanarte renunció a la titularidad de la Subsecretaria para la Reforma Institucional y el Fortalecimiento de la Democracia en
2009; sostuvo que lo hacía por presión del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. Su lugar fue cubierto desde el 14.05.2010 por
Andrés “Cuervo” Larroque, un joven “militante” ultra K y una de las más encumbradas figuras de La Cámpora, y quien ya desde
el 21.10.2009 se desempeñaba como uno de los directores de la Subsecretaría.
Larroque desvirtuó por completo los fines de esa repartición estatal y la transformó en un reducto político de La Cámpora.
También canceló la mayoría de los programas que impulsaban mayor transparencia en el gobierno y en la información. La página
web de la Subsecretaría ni siquiera incluía el CV de Larroque, como era costumbre con los subsecretarios anteriores. Si bien
Larroque se fue de la Subsecretaría cuando resultó electo diputado a fines de 2011, fue sucedido por el bloguero Franco Vitali (su
blog se llama Un día peronista), igualmente de La Cámpora, y que mantuvo la partidización de esa dependencia estatal.
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