RESTRICCIONES PARA TODOS

financiados por una cuantiosa y discrecional pauta publicitaria oficial (la publicidad oficial
tampoco estaba adecuadamente regulada en esa ni en ninguna otra norma).
La Ley de Medios intentó crear un sistema de medios atomizado y débil, donde predominaran los
medios del Estado y de las ONG, de modo tal que esta fragmentación fuera presa fácil de
presiones y dineros oficiales. Esto se acentuaba con la configuración y mecánica de los
organismos reguladores, sin garantías reales de independencia del poder político.
La norma incorporaba ideas meramente simbólicas del público y de los activistas que
concurrieron a “foros de discusión”. Recogía también construcciones y conceptos del ambiente
académico de la comunicación, pero sin demasiados efectos prácticos. Asimismo, mencionaba
extensos y densos antecedentes jurídicos de todo el mundo.
El resultado de esto fue una serie de disposiciones de redacción deliberadamente compleja y que
encerraban numerosas “trampas técnicas” para lograr los verdaderos fines del gobierno. No
obstante, fue apoyada de buena fe por muchos que creyeron serviría para ampliar el pluralismo y
la libertad de expresión.
Peor aún, las disposiciones rescatables de la ley sobre transparencia, multiplicidad de licencias,
concursos, etc. son hasta hoy sistemáticamente incumplidas y varias de sus restricciones se
ejercieron contra medios no afectos al gobierno, mientras no se aplicaron a medios oficialistas o
colaboradores.
4. Declaraciones o acciones del gobierno y/o sectores kirchneristas que promovieron —por primera
vez en forma abierta y con distintas justificaciones— restricciones o represalias a la libre
expresión: intento de evitar que hablara el escritor Mario Vargas Llosa en la Feria del Libro;
disturbios realizados por grupos simpatizantes del gobierno en presentaciones de libros, eventos
y charlas; multas a consultoras que informan sobre datos económicos distintos a los manipulados
por el gobierno; prohibición casi absoluta de invitar a periodistas críticos o políticos opositores a
medios del Estado; agresiones verbales a periodistas independientes y hasta un intento de
impedir la importación de libros por supuestas razones de “soberanía cultural” (si bien su
verdadera motivación fue al principio económica).
5. Aprobación de una ley para la regulación estatal de la producción de papel (facultad aún no
empleada contra medios independientes u opositores) y consideración de la idea de arrestar a los
directores de los dos principales diarios del país por supuestos de delitos de “lesa humanidad” en
relación con la transferencia de Papel Prensa SA durante la dictadura militar. Campaña contra la
directora de Clarín a partir de la falsa acusación —incesantemente instalada desde ámbitos
oficiales— según la cual sus hijos adoptivos eran apropiados de desaparecidos, lo que finalmente
se comprobó que no era cierto y sin que esto generara siquiera una disculpa de parte del
gobierno.
6. Inicio de la falsificación sistemática de las estadísticas del Estado (entre otras, las que miden la
inflación, la pobreza y el crecimiento del PBI). La adulteración de estos datos, como puede
suponerse, impide adoptar políticas certeras para encontrar soluciones a problemas
socioeconómicos. Al mismo tiempo, el acceso y difusión de la información pública que pudiera
perjudicar los fines políticos del gobierno pasó a ser cada vez más restringido, incumpliendo
normas que el propio kirchnerismo había dictado.
7. Comienzo del ataque a figuras conocidas (no sólo periodistas) o ciudadanos comunes desde el
atril presidencial, frecuentemente en cadenas nacionales, por críticas que estas personas
hubiesen hecho al gobierno. Uso del organismo impositivo, AFIP, violando a veces el secreto
fiscal para hostigar y perseguir a esas mismas personas en razón de sus ideas u opiniones 229 . Los
ataques son muchas veces amplificados por los medios y periodistas del aparato oficial e incluso
229
Este tipo de ataques u hostigamientos, por el sólo hecho de hacer público algún cuestionamiento al gobierno (a veces
simplemente a alguna medida) afectó a actores como Ricardo Darín, Alfredo Casero y Fabián Gianola; celebridades como Susana
Giménez y Mirtha Legrand; directores de cine como Eliseo Subiela y Juan José Campanella; periodistas como Sergio Lapegüe,
Nelson Castro, Jorge Lanata y Magdalena Ruiz Guiñazú; jueces de la Corte como Ricardo Lorenzetti y Carlos Fayt; empresarios y
hombres de negocios como Alfredo Coto y Juan José Aranguren, así como a un agente inmobiliario, un abogado y hasta una
pequña panadería de Tucumán, entre otras personas o entidades. (Si la AFIP interviene en esos hostigamientos, lo hace
facilitando datos a funcionarios o bien realizando por sí misma operativos o investigaciones, a veces desproporcionados o
extemporáneos, en forma inmediatamente posterior a las correspondientes críticas. Es interesante notar que nunca se ha sabido
de operativos o investigaciones equiparables que afecten a partidarios del gobierno, ni siquiera en presuntas irregularidades de
grandes dimensiones como los casos Ciccone, Lázaro Báez o la actuación de personajes de la llamada “ruta del dinero K”.)
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