RESTRICCIONES PARA TODOS

Los resultados fueron revisados tras el cambio de gobierno, que tuvo lugar a fines de 1999. En
09.2000, la gestión del presidente De la Rúa dejó sin efecto 275 de las 438 licencias de FM
adjudicadas en todo el país. En consecuencia, quedaron confirmadas 163.
De esas 275 licencias anuladas, cerca de 35 eran de alta/mediana potencia y unas 240 correspondían
a emisoras de baja potencia. El gobierno señaló que las anulaciones se hicieron por
“irregularidades”. Pero había dos situaciones distintas.
En lo referido a las estaciones de alta/media potencia era evidente que intervino el factor político.
Pero no era tan claro cómo deslindar responsabilidades. Los partidarios de las anulaciones
sostuvieron que De La Rúa se limitó a revocar licencias derivadas de concursos “arreglados” de
Menem. A su vez, los detractores de las anulaciones sostenían, por el contrario, que De La Rúa
dejaba sin efecto esas licencias precisamente para “arreglar” nuevos adjudicatarios afines. Si bien
debería hacerse un estudio de cada caso, con toda seguridad se dieron ambas situaciones.
En cuanto a las estaciones de baja potencia los argumentos del gobierno delarruista eran más
atendibles. En la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, Córdoba, Rosario, Tucumán, Mendoza y los
restantes centros poblados importantes del país se presentaron más solicitudes que las frecuencias
disponibles. Por esta causa, se sostenía —con razón—, que las correspondientes “adjudicaciones
directas” no fueron tales, ya que algunas se otorgaron y otras no, de acuerdo con un juicio realizado
a posteriori por el COMFER. Así, se terminó calificando a esas solicitudes supuestamente por sus
méritos (en realidad en muchos casos, como ya se dijo, por consideraciones políticas), usándose un
criterio no sólo discrecional sino que no había sido explicitado de antemano. Es decir que un
procedimiento de adjudicación directa a demanda se convirtió en una suerte de concurso sin reglas
previas.
Por esta razón, todas las licencias en estas condiciones fueron masivamente anuladas.
Esta decisión contribuyó a prolongar en el tiempo la existencia crónica de radios de FM con PPP o sin
licencia, precisamente en las zonas donde el problema era más intenso. Muchas de estas emisoras
habían presentado solicitudes para esta convocatoria con la esperanza de conseguir una licencia
plena, aspiración que resultó frustrada (por supuesto, varias de estas solicitudes correspondían
también a emisoras totalmente nuevas). La medida asestó un fuerte un golpe a la credibilidad de
convocatorias similares futuras, ya que las emisoras con PPP o sin licencia encontraron mucho más
cómodo permanecer en esa situación.
Como balance, las licencias que quedaron firmes tras las anulaciones dispuestas por De la Rúa
fueron:
a. Aproximadamente 35 licencias de FM de alta/media potencia, por concurso.
b. Aproximadamente 130 licencias de FM de baja potencia, por adjudicación directa, en localidades
menores.
La situación en la Ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana, donde sólo se consideraron las
licencias de FM de alta y media potencia (las de baja potencia, como se indicó, fueron anuladas en
bloque), quedó de la siguiente manera:
−
Se revocaron “por ilegitimidad” las licencias de Radioproductora 2000, la de Neustadt/Pont
Lezica, la de los hermanos Kirovsky, la de Luft SA y la de MBMyM.
Confirmándose una vez más la tesis del factor político determinante en los concursos, las
cancelaciones afectaban en su mayoría a personas identificadas con el menemismo o con el
peronismo. Es cierto, sin embargo, que la licencia vinculada a Pierri —titular de la Cámara baja
del Congreso durante los años 90— fue mantenida, seguramente teniéndose en cuenta su peso
político y el hecho de que su emisora (NRG, luego Radio FM Latina), hasta el momento con un
PPP, había adquirido gran importancia.
−
Asimismo, varias licencias que resultaron confirmadas estaban en manos de personas cercanas al
radicalismo. Fue el caso de la licencia correspondiente a Berhongaray, así como la de Imagen
Radial SA, en la que participaba Julio Moyano. (Este último era considerado con “buena
sintonía” con el radicalismo; no obstante, se rumoreaba que la empresa tenía vinculación con
Daniel Hadad. De hecho, Moyano entró en convocatoria de acreedores en 2002 y en ese
momento podría ser que Hadad se hubiera hecho del control real de esta sociedad.) La otra
licencia que se mantuvo fue la de Ricardo Banjay (ASSA), sin filiación política conocida.
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