RESTRICCIONES PARA TODOS

El grueso del gravamen debería financiar a las emisoras del Estado nacional para cumplir con finalidades
culturales, educativas y cívicas. El 28% asignado al organismo regulador es una proporción muy alta y sólo se
explica por el afán de montar una estructura de control desproporcionada.
Los problemas generales de la Ley 26522 surgen a partir de un análisis contextual efectuado más allá de su letra estricta
y de considerar las verdaderas intenciones del gobierno. Se encuentran disimulados entre cláusulas que aparentemente
buscan promover nuevos medios y situaciones “antimonopólicas”, pero que en la práctica implicarán sutilmente la
reducción de la libertad de expresión efectiva y le darán una voz central al gobierno, entendido este en su rol de
oficialismo político. De ser aplicada hasta sus últimas consecuencias, la Ley 26522:
1. Crearía un sector privado débil, al que le será difícil operar en economías de escala. Esto le restará fuerza para
promover un periodismo de calidad o para invertir grandes recursos en programación (lo que lo forzará a competir
por programas extremadamente masivos y desalentará contenidos más especializados). Tendrá también menos
capacidad para resistir presiones.
Ese sector privado débil —además de situar al sistema de medios argentinos en una posición desventajosa en
tecnología y contenidos— lo sujetará a la influencia del gobierno de turno, vía presiones o publicidad oficial.
Por supuesto, esta situación es muy diferente a un objetivo legítimo de fijar límites razonables para evitar situaciones
de verdadera concentración monopólica o anticompetitivas.
2. Crearía un nutrido sector de medios oficiales, con cerca de 2.500 frecuencias en principio reservadas, un número
considerable. Pero no se trata sólo de un problema de cantidad. La ley es muy débil para imponer en esos medios
obligaciones de pluralismo, contenidos no propagandísticos y una apertura a todas las corrientes políticas y de
pensamiento. Más aún, es absolutamente inefectiva si se repara en la programación de Radio Nacional, Canal 7 o
varias emisoras universitarias o municipales.
A menos que se instituyan normas muy claras y minuciosas (que no están en la Ley de Medios), que exista la voluntad
del poder político de respetarlas y que a la vez sobrevenga un cambio cultural en directivos, productores y
comunicadores, no existirá una “radiotelevisión pública” que merezca ese nombre.
Sin esas condiciones, los medios estatales estarán siempre inclinados a dar una voz hegemónica al grupo gobernante
y serán plataformas para intentos de control informativo y de manipulación de la audiencia. Asimismo, serán también
un tentador y poco transparente botín político para repartir entre “amigos” de la comunicación (productoras que
vivan exclusiva o predominantemente de contratos nacionales, provinciales o municipales) o de otros ámbitos
(punteros, “acomodados”, contratistas varios).
Con Ley de Medios o sin ella, el gobierno de los Kirchner tuvo desde 2003 la oportunidad de “democratizar” las
emisoras y canales en su poder y convertirlos en una verdadera radiotelevisión pública independiente. De hecho,
aunque parezca hoy inverosímil, se proclamó en un principio la intención de ir hacia un modelo similar a la BBC
británica (ver E.06.2003, El jefe de Gabinete, Alberto Fernández…). Sin embargo, con el kirchnerismo los medios
estatales terminaron más oficialistas y propagandísticos que nunca.
Aun cuando la Ley de Medios dispuso la incorporación de un par de representantes de partidos no oficialistas en el
directorio de RTA, su presencia es hoy completamente simbólica e inefectiva. La ley tampoco logró que exista una
cobertura periodística de buena fe en Radio Nacional o Canal 7 ni la presencia de los distintos sectores políticos o
artísticos en las transmisiones. Se contratan casi exclusivamente comunicadores y artistas que son partidarios o
amigos del kirchnerismo, incluso en los medios que supuestamente brindan contenidos culturales-­‐educativos de alta
calidad, como es el caso de la señal Encuentro. Sin embargo, tales medios son patrimonio de todos los argentinos,
quienes los financian con sus impuestos.
3. Crearía un sector sobredimensionado de medios sin fines de lucro (en teoría el 33% del total), que en el mejor de los
casos tenderá a la precariedad y en el peor será integrado mayoritariamente por organizaciones oficialistas o
cooptadas mediante la pauta publicitaria oficial o subsidios políticos discrecionales.
4. Desmontaría grupos de medios mediante la “desinversión”, cuya concreción real (no la división por socios, familiares
o testaferros) provocaría una venta simultánea a gran escala de medios en funcionamiento. Emisoras de radio, TV,
señales de cable y sistemas de cable ya existentes y con audiencia construida a lo largo de años podrían así ser
adquiridas de manera forzosa y a bajos precios. Un gobierno con la suficiente voluntad y fortaleza política podría
armar un aparato de propaganda con los componentes de los grupos “desinvertidos” (el kirchnerismo jugó con esta
idea pero no llegó a concretarla: en parte porque en el interín muchos empresarios amigos lograron comprar o
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