RESTRICCIONES PARA TODOS

Dado que las “pautas y objetivos” de la propuesta comunicacional no se pueden cambiar “durante toda la vigencia de
la licencia” deberían mantenerse en caso de que una emisora sea transferida a otro titular (en los casos excepcionales
que prevé la ley). Pero en caso de que sean cambiados por su mismo titular, ¿podrían ser motivo para denegar la
prórroga de una licencia o aún para decretar su cancelación? ¿Debería pedirse autorización previa a AFSCA, que podría o
no concederla, para cambiar el formato de contenidos de una emisora o canal? Más allá de lo engorroso de estos
supuestos, queda claro que de esta forma el Estado tendrá un poder gravitante en promover determinado tipo de
programación y desalentar otras, a total discreción y sin que ninguna norma limite o modere ese poder.
De hecho, los pliegos de los concursos convocados luego de la Ley de Medios exigen la presentación de una
programación con un nivel de detalle inédito. Si no se pueden cambiar las “pautas y objetivos” de la programación, no la
programación en sí, ¿por qué no pedir simplemente que la propuestas especifiquen “las “pautas y objetivos”, en lugar de
la programación? Sería sin duda un absurdo que a lo largo de 10 o 20 años una emisora no pudiera cambiar su
programación.
Pero aun aceptando que se pidan y califiquen sólo “pautas y objetivos” permanentes, esto implicaría que una emisora
noticiosa no se podría convertir en una emisora de tango (o viceversa) o que un canal abierto generalista no podría
transformarse en un canal musical. Tales supuestos significan, por un lado, que el Estado seguiría teniendo un poder
determinante para promover y desalentar contenidos y, por el otro, que esos contenidos estarían sujetos a decisiones
burocráticas absolutamente incompatibles con el dinamismo de los medios. ¿Alguien imaginaría que las decisiones de
abrir nuevos diarios o revistas estén supeditadas a una evaluación estatal acerca del tipo de contenido que se piensa
cubrir o publicar?
Por lo tanto, la cuestión de valorar contenidos como factores de mérito en los concursos o procesos de adjudicación
de licencias (o como causales para autorizar o denegar transferencias de licencias), así como exigir el mantenimiento de
tales contenidos en forma inflexible, plantean problemas de difícil resolución. Lo mejor sería que la evaluación de
propuestas sea neutral respecto de los contenidos. Es obvio que una emisora de alta potencia tenderá a tener
programación general y una de muy baja potencia se orientará a programación comunitaria o barrial. Si se considera
conveniente promover determinados contenidos (culturales, artísticos, de identidad local), existen los medios públicos e,
incluso, pueden otorgarse subsidios (con la debida transparencia, garantías expresivas, equitatividad, etc.),
preferentemente a través de organismos culturales.
Estado y entidades sin fines de lucro y Estado. Si la Ley de Medios fuera estrictamente aplicada, una porción importante
de estaciones de radio y TV pertenecerá al Estado (el nacional, pero también provincias, municipios o universidades
nacionales), según la reserva espectral establecida. A su vez, un tercio de las emisoras debería ser de entidades sin fines
de lucro 88 .
Mientras gobierne el kirchnerismo con los criterios que viene aplicando, las emisoras estatales se parecerán a Radio
Nacional o Canal 7. Las de entidades sin fines de lucro serán autorizadas mayormente a asociaciones afines al gobierno;
otras serán cooptadas por el Estado vía subsidios y publicidad oficial.
Es deseable que las asociaciones sin fines de lucro que tengan verdadera vocación de comunicar puedan operar
servicios. Pero al mismo tiempo es cierto que no se les puede pedir a muchas de ellas profesionalismo en confeccionar
programas y en construir audiencia, ya que sus objetivos son otros: una proliferación antinatural de estas emisoras
implicaría un sistema radiotelevisivo con un alto componente de precariedad y una verdadera pérdida para oyentes y
televidentes.
Las entidades sin fines de lucro tienen también “intereses”, poder de lobby y participan en componendas políticas.
Además de las asociaciones afines al gobierno, sin duda que habrá intentos del poder estatal o económico de cooptarlas
para sus propósitos. (Según la propia presidenta de la Nación, la agrupación Vatayón Militante —brazo de La Cámpora
que organiza la participación de presidiarios en ‘eventos culturales’— es una ONG.)
Por último, así como los partidos políticos o las cámaras empresariales no suelen tener emisoras pero sus posturas
son igualmente recogidas y difundidas por los medios generales y el periodismo, es falso que la no participación
generalizada de entidades sin fines de lucro como operadores las margine de dar a conocer sus ideas, proyectos y
88 A casi un lustro de la sanción de la Ley de Medios, han surgido muy pocas emisoras abiertas nuevas sin fines de lucro, pese al
entusiasmo del kirchnerismo por promoverlas. Desde 2009 apenas se adjudicaron licencias a menos de un centenar de emisoras
de radio de este tipo en centros poblados muy pequeños (y ningún canal legal de TV abierta), correspondientes en su mayoría a
asociaciones comunitarias, barriales, vecinales y otras ONG. Sin embargo, emisoras similares venían existiendo desde hacía dos
décadas usando PPP o directamente funcionando sin autorización. Además, muchas estaciones a nombre de personas o pymes son
también verdaderas radios “comunitarias” que, de la misma forma, están en el aire desde hace tiempo y cumplen una
importante función social en zonas marginadas, de escasa población o de vulnerabilidad social.
Por otro lado, varias cooperativas, generalmente ya existentes y que prestan servicios públicos, han instalado sistemas de cable
en ciudades pequeñas —tendencia que se venía dando desde antes de la Ley de Medios— pero al no tratarse de emisoras abiertas
no están sujetas a la reserva del 33%. Los contenidos de estos sistemas no se diferencian en casi nada de lo que ofrecen los
sistemas de cable comerciales.
Los medios sin fines de lucro más importantes corresponden a sindicatos —todos en mayor o menor medida favorables al FPV—
(algunos de ellos son señales de cable, a las que no se aplica la reserva del 33%) y entre ellos se encuentra la UOM, la UOCRA, el
SUTERH y la CTA oficialista. Tampoco sus programas son muy diferentes a los de emisoras con fines de lucro (casi no emiten
ningún espacio que se relacione con la problemática sindical), pero su línea editorial es fuertemente oficialista.
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