RESTRICCIONES PARA TODOS

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Fuentes oficiales chinas nunca confirmaron la noticia de las supuestas inversiones. Aun así, los
medios y periodistas más identificados con el kirchnerismo las presentaron como un hecho cierto,
trascendental y que revolucionaría la estructura económica del país.
Finalmente, las inversiones quedaron reducidas a cartas de intención muy vagas firmadas entre el gobierno argentino y el
gobierno de Beijing el 16.11.2004. Las inversiones jamás se concretaron.
02.2006
El proyecto de ley de información pública pierde estado parlamentario después que el oficialismo le
agrega cláusulas para hacerlo más restrictivo.
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Un proyecto de ley sobre acceso a la información pública había sido elaborado por varias ONG,
periodistas, políticos y algunos funcionarios. Su contenido se asemejaba al Decreto 1172/03 (ver
G.2003 – presente, Luego de dictarse…) y al igual que esa norma, consagraba un amplio y generoso
acceso a la información pública para todos los ciudadanos. Se suponía que el proyecto le daría a las
disposiciones de dicho decreto una jerarquía de ley nacional, lo cual permitiría contar con un
instrumento más sólido y permanente en términos de política pública.
El 08.03.2004 el proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados. Cuando pasó a la cámara alta la
entonces senadora Cristina Kirchner, que presidía la Comisión de Asuntos Constitucionales de ese
cuerpo, introdujo numerosas reformas en el texto original (01.12.2004). Estas revisiones alteraron
sustancialmente su espíritu y lo tornaron restrictivo y lleno de limitaciones. La Nación calificó las
enmiendas como un “galimatías indescifrable”.
Esto provocó que el proyecto volviera a la Cámara de Diputados, donde las diferencias entre el
oficialismo y la oposición impidieron que se transformase en ley. Finalmente, perdió estado
parlamentario en 02.2006. Ni el poder ejecutivo ni los legisladores oficialistas mostraron interés en
revivir el proyecto de ley.
El primer intento para sancionar una ley de acceso a la información pública en Argentina tuvo lugar en 2001. La Oficina
Anticorrupción (OA) preparó un proyecto con la participación de distintos sectores, que fue enviado al Congreso por el
presidente Eduardo Duhalde y aprobado en la Cámara de Diputados en 05.2003, pero finalmente no siguió su trámite.
En este segundo intento, aquí detallado, el accionar de la entonces senadora Cristina Kirchner fue fundamental para
impedir la aprobación de la ley. No obstante, considerando lo que ha ocurrido en cuanto al cumplimiento efectivo del
Decreto 1172/03, es muy probable que buena parte de esa hipotética ley hubiese terminado como letra muerta.
2007 - presente
Desde la “intervención” política del INDEC por funcionarios vinculados al secretario de Comercio
Interior se manipulan sistemáticamente las estadísticas levantadas por ese instituto.
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21.01.2007: El gobierno desplazó a la directora del Área de Precios del Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos (INDEC), Graciela Bevacqua, profesora de matemáticas con una larga
trayectoria en el organismo. Tres meses antes, el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno,
le había solicitado los nombres de los comercios encuestados para calcular el Índice de Precios al
Consumidor (IPC). Bevacqua se negó, invocando la ley de secreto estadístico. Moreno influyó para
que la funcionaria de carrera fuese reemplazada por Beatriz Paglieri, kirchnerista de “línea dura”
que respondía políticamente al titular de Comercio.
05.02.2007: El INDEC dijo que la inflación de enero fue de 1,1%. Bevacqua, que había supervisado la
recolección de los datos, dijo que ese valor era “matemáticamente imposible” y estimó la inflación
mensual en 2%.
Con esto comenzaron las manipulaciones de los datos de inflación y otros indicadores del INDEC, que pasaron a
arrojar valores constantemente distintos —pero acomodados a las necesidades políticas del gobierno— con
respecto a las mediciones de consultoras privadas e institutos provinciales. Además, los índices han sido
cuestionados virtualmente por todos los economistas no vinculados al kirchnerismo.
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