RESTRICCIONES PARA TODOS

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La ley, denominada de la Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la
Equidad Electoral, entre otras cosas prohíbe la contratación privada de publicidad electoral por
cuenta de los partidos/agrupaciones políticas en radio, televisión y señales de cable, la cual sólo
podrá efectuarse en los espacios que asigne al efecto a la Dirección Nacional Electoral.
Estos espacios deberán ser cedidos sin cargo por las emisoras (la Ley de Medios establece hasta un
10% del tiempo total de programación para dichos espacios). El costo de producción de los avisos
estará a cargo de las agrupaciones políticas.
Para las elecciones generales los espacios se asignarán de la siguiente forma:
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El 50% del tiempo se distribuirá por igual entre todas las agrupaciones.
El otro 50% se repartirá entre todos los partidos/agrupaciones en forma proporcional a la
cantidad de votos obtenidos para la lista de diputados nacionales en la última elección. Ninguna
entidad podrá transferir sus minutos a otro partido/agrupación, lista o candidato.
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En las elecciones primarias, los minutos obtenidos aplicando el cómputo anterior para cada
partido/agrupación serán a su vez divididos en partes iguales entre las distintas listas internas.
Los espacios se transmitirán entre las 07:00 y la 01:00 hs y se asignarán por sorteo. Se los deberá
rotar de modo tal que todo partido/agrupación/lista tenga acceso dos veces por semana al horario
central.
Para las elecciones primarias: la campaña se iniciará 30 días antes de la fecha del comicio, mientras
la publicidad electoral audiovisual puede realizarse 20 días antes. Para las elecciones definitivas: la
campaña se podrá efectuar desde 35 días antes, mientras los avisos audiovisuales comenzarán 25 días
antes. En todos los casos, la publicidad finalizará 48 horas antes del comicio.
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Los avisos deberán subtitularse.
La agrupación que realice publicidad de radio, TV o cable fuera estos espacios será sancionada “con
la pérdida del derecho de recibir contribuciones, subsidios y todo recurso de financiamiento público
anual, por un plazo de uno (1) a cuatro (4) años, y los fondos para el financiamiento público de las
campañas electorales por una (1) a dos (2) elecciones de aplicación en la elección general
correspondiente”.
Las emisoras que difundan publicidad en violación a estas disposiciones serán sancionadas de acuerdo
a lo establecido en la Ley 26522 (Ley de Medios), considerándose la infracción como una “falta
grave”.
Ocho días antes de la elección no podrán difundirse sondeos o encuestas electorales en ningún medio
de comunicación.
No se establecen restricciones ni reglas para la publicidad oficial. Sin embargo, el gobierno no podrá,
en los 15 días previos a la elección general o primaria efectuar “actos inaugurales de obras públicas”
ni realizar el “lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance colectivo” o de
actos que puedan “promover la captación del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos a
cargos públicos electivos nacionales”.
Si bien el texto original de la ley determinaba que entraría en vigencia el 31.12.2011 (con lo cual se
aplicaría por primera vez en las elecciones legislativas de 2013), un decreto dispuso que la fecha
indicada había sido un error y debía leerse como “31.12.2010”, de modo que rigiera para las
elecciones legislativas/presidenciales del 23.10.2011. El cambio resultó insólito, ya que —como se
sabe— un decreto no puede modificar una ley.
La ley, aunque por momentos excesivamente reglamentarista, tiene algunas disposiciones que promueven principios
deseables de transparencia.
La prohibición de la contratación de publicidad privada en radio y TV por parte de los partidos políticos —como se
hace en varios países— es un buen principio para crear igualdad de oportunidades comunicacionales en una campaña.
Esa prohibición debería estar complementada con las siguientes normas:
1. Regir sólo durante los periodos de campaña; de lo contrario se transformaría en una restricción permanente a la
libertad de expresión.
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