RESTRICCIONES PARA TODOS

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También se declaraba constitucional el artículo 161 (plazo de un año para la “adecuación”), al que
se consideraba ya vencido.
Sin embargo, el Grupo Clarín había obtenido una medida cautelar en 2009 y que seguía vigente hasta el
momento, la cual impedía la aplicación de éste y otros artículos. El plazo estaba indudablemente vencido para el
resto de los grupos, pero no era tan claro que esto desembocara necesariamente en una “adecuación de oficio”
para el Grupo Clarín, es decir, en un desmembramiento forzoso planeado y dirigido desde el gobierno.
§ Los jueces Argibay y Maqueda tuvieron un fallo en disidencia y votaron en contra de los artículos 48
(por no reconocer los derechos adquiridos) y 161(plazo).
Argibay opinó que las limitaciones [del artículo 45, de multiplicidad de licencias] son
“constitucionales”, pero “la forma de implementarlo no lo es y por eso son inconstitucionales los
artículos 48 y 161”. Consideró la magistrada en su argumentación: “el cese simultáneo de todas las
licencias, sin flexibilidad alguna, afecta la libertad de expresión”.
Por su parte, el juez Maqueda consideró que las “disposiciones de la ley que obligan a la actora a
desprenderse de las licencias que le fueran otorgadas y prorrogadas por el Estado nacional en el
periodo 1996-2007 violan los derechos constitucionales de propiedad y de libertad de expresión”.
“Ni el legislador ni el juez podrían, en virtud de una ley nueva o de su interpretación, arrebatar o
alterar un derecho patrimonial adquirido al amparo de la legislación anterior”, argumentó el
magistrado. Señaló Maqueda que “en una sociedad democrática, el valor de una información no
expresada no puede ser mensurado en términos económicos”.
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El juez Carlos Fayt tuvo una posición muy distinta. Para Fayt los cuatro artículos objetados eran
“inconstitucionales” y “por ello no se aplica ninguna limitación y no hay obligación de desinvertir”.
El magistrado dijo que “una restricción que afecte económicamente a la empresa periodística es una
afectación a la libertad de expresión”.
Con respecto al artículo 41 señaló Fayt que “hay otros modos menos restrictivos de controlar los
fraudes”. Las limitaciones del artículo 45, opinó, “no son proporcionadas ni idóneas para alcanzar los
principios de diversidad perseguidos”.
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El fallo contenía además unas advertencias al poder ejecutivo, que aludían a aspectos que la ley no
cubría o que se aplicaban en forma inconsistente:
El propósito de la ley de lograr pluralidad y diversidad en los medios requiere de políticas públicas
transparentes en materia de publicidad oficial.
El empleo de subsidios, el reparto de la publicidad oficial u otros beneficios que conviertan a los
medios en instrumentos de apoyo a una corriente política determinada o en una vía para eliminar el
disenso y el debate plural de ideas, “afecta la libertad de expresión”.
Lo mismo ocurre si los medios públicos, en lugar de dar voz y satisfacer las necesidades de
información de todos los sectores de la sociedad, se convierten en espacios al servicio de los
intereses gubernamentales.
La autoridad de aplicación debe ser un órgano técnico e independiente, protegido contra
interferencias del gobierno y de grupos de presión.
La aplicación de la ley debe consagrar la igualdad de trato en la adjudicación y revocación de
licencias y garantizar el derecho de los ciudadanos al acceso de información plural. No puede
discriminar por opiniones disidentes.
La Corte pareció dejar sentado que la “rentabilidad” no tiene que ver con la “libertad de expresión”. El analista Martín
Becerra destacó que grupos de comunicación de grandes dimensiones económicas y con una fuerte capacidad de generar
rentabilidad (como Globo en Brasil y Televisa en México) no se caracterizaron en el pasado —ahora la situación es algo
distinta— por ser independientes sino, por el contrario, muy funcionales al poder constituido y sobre todo a los gobiernos.
Sin embargo, esa constatación no significa que la rentabilidad sea un factor irrelevante. Esto se puede ver más
claramente en el caso de medios de segunda línea o de mercados reducidos, en los cuales la ausencia de rentabilidad
significa, con frecuencia, que no puedan ofrecer un periodismo de calidad ni programación atractiva. Con rentabilidad,
los medios pueden ser independientes o aliados de los gobiernos (en este último caso, particularmente si le deben esa
rentabilidad a autorizaciones o privilegios concedidos desde el poder político). Pero sin rentabilidad la gran mayoría de
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