RESTRICCIONES PARA TODOS

Justicia -incluyendo la Corte Suprema- le dio la razón para suspenderlos por la verosimilitud del
derecho invocado y el peligro inminente. El Grupo Clarín cumple la ley en todos los aspectos no
suspendidos, lo que no sucede con la mayoría de los grupos paraoficiales o aliados del
kirchnerismo. Por el contrario, esos grupos —varios de los cuales tienen más licencias de radio y
televisión que el Grupo Clarín— deberían haberse adecuado a la norma como máximo el 28 de
diciembre del año pasado, según lo establecido por la ley y la Corte Suprema. Ninguno lo ha
hecho, ni hay ninguna constancia del AFSCA al respecto.
Prestá mucha atención. Por la ley aprobada en el Congreso, cada grupo empresario puede operar
como máximo en el país, 24 licencias de TV por cable y 10 de las denominadas abiertas, radios
AM, FM o de TV abierta. Y el Grupo Clarín, ¿cuántas tiene? Más de 240 sistemas de TV por cable.
Si, escuchaste bien: más de 240 sistemas de TV por cable, 9 radios AM, 1 FM y 4 canales de TV
abierta. Una verdadera cadena nacional ilegal. Pero sigamos. A medida que transcurrían los
meses varios grupos empresarios de medios iniciaron los trámites necesarios para cumplir con la
ley. ¿Y quién queda sin aceptar la ley? ¿Adiviná? Sólo quedó el Grupo Clarín. ¿Y entonces?
Con ninguno de sus medios el Grupo Clarín está en situación ilegal, lo que sí sucede con otros
grupos de medios que ni siquiera han acudido a la Justicia. El Grupo Clarín tiene menos licencias
de radio (7) y televisión (4) que otros grupos nacionales y extranjeros que deberían haber
desinvertido el 28-12-11, pero como son aliados del gobierno, no lo hicieron. Cablevisión opera a
través de 158 licencias locales, muchas menos que las 2.200 que cubren DirecTV, Telefónica o
Telecom, en un caso de abierta discriminación.
El 22 de mayo de este año, la Corte Suprema de Justicia determinó la vigencia del artículo 161 y
fijó el 7 de diciembre, el 7D como fecha límite para cumplir con la ley. Hoy, 3 años después, sí 3
años después de aprobada la ley y con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, el Grupo Clarín se
niega a todo: No reconoce al AFSCA como autoridad de control y aplicación de la ley. Se niega a
presentar un plan de adecuación. Se niega a cumplir con la ley.
Clarín cumple la ley en todo aquello que no está suspendido por la Justicia. En rubros como
producción nacional, programación infantil, publicidad, etc. los medios del Grupo son los que
más se ajustan a la ley. Clarín tiene suspendido el artículo 161, por lo tanto ninguno de sus
reglamentaciones puede aplicársele hasta que esa medida cautelar cese. Clarín NO DEBE
PRESENTAR ningún plan de adecuación pues el artículo que lo contempla está completamente
suspendido, como mínimo, hasta el 7/12. Clarín ha denunciado que mientras el AFSCA no esté
integrado como lo marca la ley carece de la imparcialidad y la neutralidad necesarias para
ejercer el poder de control sobre los medios. Su actuación en 2011, cuando le impuso más del
90% del total de multas del organismo, es una clara demostración de este trato discriminatorio y
persecutorio.
De esta forma, el Grupo Clarín ignora a los tres poderes de la democracia.
• Al ejecutivo, por no reconocer al AFSCA
• Al legislativo, por no querer cumplir con una ley aprobada por el Congreso de la Nación hace 3
años.
• Y al judicial, al desconocer los términos del fallo de la Corte Suprema.
Quien está ignorando flagrantemente, una vez más, la división de poderes, es el gobierno
nacional. Se burla del Congreso, que sancionó una ley que debería estar operativa hace 3 años.
Pero no implementó los concursos ni generó nuevas voces, no se ocupó de los medios
comunitarios, usó la TV digital al margen de la ley para premiar a los amigos, y ni siquiera
aplicó el artículo 161 a los medios a los que debería habérselos aplicado. Se burla de la Justicia,
al desconocer abiertamente el fallo de la Corte Suprema, según lo han ratificado todos los
constitucionalistas del país.
Pero, ¿puede un grupo empresario estar por encima de las instituciones democráticas de un país?
Claro que no.
Por eso, si el Grupo Clarín se sigue negando a cumplir con la ley, el Estado se verá obligado a
llamar a concurso público, garantizando las fuentes de trabajo, para adjudicar aquellas licencias
que excedan el máximo autorizado por la ley a nuevos titulares quienes deberán cumplir con
todos los requisitos legales. Como cualquier hijo de vecino. El Estado argentino no va a expropiar
medios de comunicación. El Estado argentino no va a estatizar medios de comunicación. El
Estado argentino va a garantizar las fuentes de trabajo y el cumplimiento de una ley que
democratiza la información en los medios de comunicación en la República Argentina.
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