RESTRICCIONES PARA TODOS

En el primer año del gobierno de Néstor Kirchner, Juan cumplió 20 años de espera infructuosa. En 2006 se llamó a una
convocatoria de FM de baja potencia (la primera desde 1999), la cual se haría por adjudicación directa, pero solamente
en “zonas no conflictivas”, es decir, no en la ciudad donde se encuentra Juan. Más adelante, Juan vio cómo se establecía
una nueva oleada de emisoras de FM sin ningún tipo de licencia o permiso, alentadas por el kirchnerismo para
contraponerlas a las emisoras de los grupos establecidos contra los cuales se enfrenta el gobierno. Aunque Juan podría
aprovechar esta situación, se negó a entrar en alguna componenda y tampoco quería quebrantar la ley. En 2009 se
aprobó la Ley de Medios y se dispuso realizar un censo de todas las emisoras en el aire carentes de licencias, las cuales —
se establecía—, al anotarse en dicho censo con anterioridad a una fecha tope quedarán protegidas de ser decomisadas y
podrían participar en concursos para obtener licencias plenas. Muchos anotaron en ese censo emisoras inexistentes con
la esperanza de habilitarlas en el futuro o para lucrar vendiendo la “inscripción” a un futuro interesado. De acuerdo con
su línea de conducta, Juan no quiso hacer nada impropio en este sentido.
En 2011 y 2012 se llamó a varios concursos, pero ninguno contemplaba la ciudad de Juan, es decir, las “zonas
conflictivas”. Su espera para instalar su emisora cumplía 28 años. En ese momento Juan se desesperó y decidió salir al
aire como fuera: montó una estación de FM de baja potencia sin ninguna licencia. A los pocos días, por ser una emisora
“clandestina” sin PPP y que no existía al momento del censo de 2010, le fueron decomisados sus equipos. (Desde la Ley de
medios y el censo, el gobierno kirchnerista cambió su política en este sentido y comenzó sistemáticamente a declarar
“clandestinas” a las emisoras carentes de licencia y a librar órdenes para su allanamiento y la incautación de sus equipos;
también dispuso la inhabilitación de sus titulares.)
En cumplimiento de la Ley de Medios de 2009, Juan fue inhabilitado por cinco años para presentarse en futuros
concursos. Cuando la inhabilitación cese estará en su año 33 de espera para instalar una emisora legal de FM de baja
potencia.
La situación no es mejor en el caso de las emisoras de alta potencia o las de TV abierta. En este último caso, veamos
el caso hipotético de Pedro, un emprendedor de 35 años que en 1965 quiere instalar un canal de TV abierta en Rosario
para competirle a los canales 3 y 5 —cuya existencia se debe a un concurso convocado en 1961— y a la repetidora de
Canal 7 de Buenos Aires. Para ese entonces había 3 o 4 canales libres en el espectro rosarino de VHF. Casi medio siglo
después, en 2012, encontramos a Pedro, ya retirado de toda actividad, con 82 años. En todo ese lapso de 47 años nunca
se llamó a ningún concurso para habilitar un nuevo canal legal de TV en esa ciudad. Los 3 o 4 canales libres de VHF en
Rosario siguen existiendo (si bien ocasionalmente ocupados por señales no autorizadas de baja potencia).
Como puede verse en la reseña anterior, el kirchnerismo no es el responsable del caos, la improvisación y la
burocracia de los concursos, ni del verdadero atentado a la libertad de expresión que supuso el “congelamiento” en la
adjudicación de licencias. Pero sí es responsable de haber mantenido y agravado esta situación por largos años. Tras la
sanción de la Ley de Medios ha incumplido su propia norma, al no abrir “concursos abiertos y permanentes” que pondrían
fin a que los proyectos de lanzar nuevas emisoras estén supeditados a una burocracia tan lenta como ineficiente. Si
hubiese existido voluntad política, aún con la remendada “ley de la dictadura”, la 22285, podría haberse instituido el
“concurso abierto y permanente” para todas las frecuencias y localizaciones, ya que la norma (1980) contempló siempre
esa figura.
05.2003
Comienza a practicarse sistemáticamente el “telefonazo” oficial.
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El “telefonazo oficial” fue descripto como el mecanismo por el cual funcionarios llaman a periodistas
o directores de medios para comunicar su descontento con la publicación de cierta información o con
el objetivo de incidir en tapas, títulos y notas a publicarse.
Un informe dio cuenta de la sobrecarga de llamados telefónicos provenientes principalmente de la
Presidencia de la Nación, cuyo objetivo era influir sobre los contenidos de las noticias y condicionar
futuras coberturas 59 .
Por supuesto, el “telefonazo” no es una simple comunicación de los puntos de vista o pareceres del gobierno. Tiene,
inevitablemente, cierto componente de intimidación y que algunos pueden tomar como un factor de disuasión y
autocensura. Esto se potencia mucho más si desde tribunas públicas los funcionarios critican con frecuencia al
periodismo.
Casi nunca existe simetría de poder entre un funcionario y un periodista; tampoco entre un funcionario y la mayoría
de los propietarios de medios. Por más gravitación que tenga un diario o un canal de TV, el funcionario es parte de un
aparato de poder que puede usar la coerción e influir en todas las actividades de un país: tiene la capacidad de imponer
cargas, otorgar o recortar selectivamente beneficios, así como disponer de permisos y prohibiciones.
Los periodistas en relación de dependencia, en cambio, nunca dejan de ser trabajadores que deben preparar y
defender sus notas y, a la vez, ganar sus ingresos. Los directores de medios, mientras tanto, deben pensar en términos
59 Asociación por los Derechos Civiles y Open Society Institute (2005). Una censura sutil: abuso de publicidad oficial y otras
restricciones a la libertad de expresión en Argentina. Buenos Aires: Open Society Institute, p. 21, 73-74.
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