RESTRICCIONES PARA TODOS

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El Decreto 984 (27.07.2009) estableció un nuevo régimen. El pautado de la publicidad quedó
entonces exclusivamente a cargo de Télam, tanto en el caso de dependencias de la Administración
Pública como en el caso de sociedades del Estado (pero de las no sociedades anónimas con mayoría
estatal). El único organismo estatal que podría efectuar publicidad en forma separada de Télam sería
la AFIP (y, por Decreto 153 del 27.01.2010, nuevamente la ANSES).
Además, el Decreto 984/09 dispuso expresamente que la parte creativa de los avisos podría ser
encargada a terceros, es decir, a agencias de publicidad o entidades similares. (La redacción del
decreto es bastante confusa a este respecto; de todas formas, fue una continuidad de lo que se venía
haciendo con anterioridad.)
Si bien hay normas generales para la contratación de bienes y servicios por parte del gobierno
nacional (decretos 436/00 y 893/12), que establecen la licitación pública (salvo casos urgentes o
montos menores), éstas no se siguen en el caso de la publicidad oficial.
Antes y después del decreto 984/09 los avisos oficiales se han producido y colocado casi siempre por
contratación directa. En unos pocos casos se ha recurrido —sólo para servicios creativos y de
producción— a la licitación privada (aquella donde se invita a participar hasta cinco firmas) y raras
veces a la licitación pública.
No es claro si existe una base legal que permita esa excepción. Los funcionarios nunca han citado una
norma concreta al respecto. En cambio, suelen sostener la imposibilidad de llamar a licitación debido
a la urgencia de las campañas publicitarias. Pero la omisión de la licitación tiene lugar también en
las campañas publicitarias no urgentes.
Esto crea una situación donde no sólo impera la discrecionalidad, sino que además se dificulta su control. Pese a
que un funcionario de gobierno dijo en 2004 que los procedimientos de contratación de Télam eran auditados
periódicamente por la SIGEN, ésta sólo efectuó un par de auditorías desde 2011, por primera vez luego de
muchos años.
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El Decreto 984/09 incluía por primera vez un artículo, de contenido muy vago, sobre los criterios que
debían regir a la publicidad oficial, pero sólo en lo referente a la contratación de terceros para el
aspecto creativo y el pautado en los medios (no en términos de sus contenidos). De acuerdo a la
norma:
“La contratación de bienes y servicios tendiente a la realización de las campañas [...] se deberá
adjudicar respetando los principios generales de publicidad y concurrencia y atendiendo a
criterios específicos tales como la capacidad creativa, artística o técnica, la habilidad o la
experiencia particular del ejecutor del trabajo y la regularidad, antigüedad de publicación y
tirada o capacidad de difusión del medio de comunicación respectivo, entre otros factores de
similar naturaleza”.
§ Hasta la sanción de la Ley de Medios, la vieja Ley de Radiodifusión (22285) contemplaba el uso de 90
segundos por hora que las emisoras de radio y TV estaban obligadas a brindar gratis al gobierno para
“temas de interés nacional”. En 2005, el entonces jefe de Gabinete Alberto Fernández dijo que estos
segundos se utilizaban, aunque no supo precisar para qué tipo de avisos 199 .
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La nueva Ley de Medios contiene la siguiente disposición:
“Artículo 76 [...] [AFSCA] podrá disponer la emisión de mensajes de interés público. Los
titulares de licencias de radiodifusión deberán emitir, sin cargo, estos mensajes según la
frecuencia horaria determinada y conforme a la reglamentación.
Los mensajes declarados de interés público no podrán tener una duración mayor a los ciento
veinte (120) segundos y no se computarán en el tiempo de emisión de publicidad determinado en
el artículo 82 de la presente.
Para los servicios por suscripción esta obligación se referirá únicamente a la señal de producción
propia.
El presente artículo no será de aplicación cuando los mensajes formen parte de campañas
publicitarias oficiales a las cuales se les apliquen fondos presupuestarios para sostenerlas o se
difundan en otros medios de comunicación social a los que se les apliquen fondos públicos para
sostenerlos.
199 Asociación por los Derechos Civiles y Open Society Institute (2005). Op. cit., p. 67.
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