RESTRICCIONES PARA TODOS

PARTE I
Veinte minutos en el futuro:
50 puntos para una comunicación libre, plural e
independiente y el acceso ciudadano a la información.
La libertad de expresión y un sistema de comunicación con variedad de opciones, pluralismo político y de
contenidos dependen de muchos factores.
Uno de ellos, y el más obvio, es el marco legal-institucional que establezca cómo se organizan los
medios. No es lo mismo una ley amplia que una restrictiva; o una ley que regule el papel para diarios de que
otra que no lo haga; ni una ley que otorgue licencias de radio y TV a la mayoría de los interesados que una
norma que las restrinja.
Pero en la Argentina no siempre basta una ley para cambiar la realidad. Conductas muy arraigadas,
factores culturales y realidades económicas, así como disposiciones “de laboratorio” de cumplimiento
imposible, transforman a muchas normas en “letra muerta”. Leyes o decretos que fueron presentados en su
momento, en diversos temas, como panaceas, cambios trascendentales o “fundacionales” terminaron
ignorados, olvidados o haciéndose cumplir parcial o espasmódicamente.
Por otro lado, el marco legal-institucional es diferente al “clima” político. Aunque la legislación consagre
amplia libertad de expresión y de operación de medios, un gobierno con tendencias autoritarias o
manipuladoras cuenta con múltiples recursos que no figurarán en una Ley de Medios (algunos que constan en
otras leyes y muchos otros de tipo “político”, extralegales o extrainstitucionales). Con estos recursos, si se
lo propone, podrá presionar, limitar o ahogar a medios que no le simpatizan, mientras impulsa o privilegia
con el “calor oficial” a medios afines.
En los últimos años, distintas ONG y entidades políticas han dado a conocer proyectos y recomendaciones
sobre libertad de expresión, organización del sistema de medios y el acceso a la información. Si bien varios
de estos documentos poseen indudable calidad y responden a estudios y fundamentaciones sólidas, muy
pocos de ellos representan una propuesta integral, como la que se expone aquí.
Hay un amplio consenso (teórico) de sectores académicos, de muchas ONG y de fuerzas políticas que van
desde la centroderecha a la centroizquierda sobre cómo debería funcionar el acceso a la información
(irrestricto, salvo excepciones muy concretas) y los medios de comunicación públicos (ni gubernamentales ni
oficialistas; no tienen que estar al servicio del partido de gobierno y deben ofrecer contenidos de calidad).
Sin embargo, cuando un grupo alcanza el poder, su voluntad política para poner en práctica estos principios
tiende a diluirse o incluso termina adoptando conductas contrarias. (Esto ha ocurrido con todos los partidos y
gobiernos argentinos en las distintas épocas. Pero el kirchnerismo ha sido el único caso en que el manejo
partidista o de “oficialismo militante” de los medios del Estado ha sido reconocido y justificado
abiertamente.)
En otros temas, aún en el campo teórico, no hay consensos amplios de cómo deberían organizarse los
medios de comunicación audiovisuales (radiodifusión), muchas veces debido al escaso conocimiento del tema
y/o de las realidades de estos medios, lo cual lleva a diseñar propuestas deficientes 231 . Con esto no se quiere
decir que una “buena” ley de comunicación audiovisual es aquella que más o menos convalide realidades
preexistentes, ni que deba ser discutida eminentemente por los participantes ya establecidos en el mercado
y que supuestamente “saben” mejor que nadie cómo funciona el sector; ni menos aún que deba renunciarse
a la posibilidad de cambios profundos (de hecho, estos argumentos fueron los que por mucho tiempo
impidieron debatir y tratar una nueva ley de radiodifusión desde eI restablecimiento de la democracia).
Pero sí debe identificarse, de manera clara y fundamentada, dónde y cómo deben hacerse esos cambios,
para efectivamente puedan implementarse, sean económica y comunicacionalmente sustentables y
contribuyan en forma efectiva a promover el pluralismo de contenidos 232 .
231 Cuando se produzca el debate de una nueva ley, es importante entender que una ley de radiodifusión (medios) no es un
manifiesto para dejar sentadas declaraciones o reivindicaciones políticas, económicas, sociales, étnicas, históricas, etc., como
ocurrió con muchas de las incorporaciones realizadas en los foros que dieron lugar a la Ley de Medios kirchnerista. Tampoco es el
lugar para desplegar densas notas de doctrina y derecho comparado mundial, obra de abogados y asesores de la AFSCA y que
supone un despliegue pretencioso de erudición jurídica que sólo cumple la función de legitimar posturas preconcebidas (siempre
existirá la otra mitad de la biblioteca para justificar pareceres opuestos) y que, además, constituyen abstracciones jurídicas que
pueden no tener correlato en la realidad.
Una Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual debe ser simplemente una norma que establezca cómo se organizarán
estructuralmente esos servicios; ir más allá implica una ‘ley de prensa’ prohibida por la Constitución. Fuera del kirchnerismo y
de las fuerzas políticas más extremas, es posible que se pueda trabajar en un consenso para establecer y compatibilizar en una
nueva Ley de Medios la más amplia libertad de expresión y el mayor pluralismo de voces con el mejor aprovechamiento técnico
del espectro y la solidez económica de los principales servicios. También debería promover una radiodifusión pública de calidad y
que respete, asimismo, la diversidad política, artística, cultural y filosófica.
232 En un artículo en Perfil (30.11.2012), Guillermo Mastrini y Martín Becerra critican a quienes sostienen que la Ley de Medios ha
sido elaborada por “un grupo de académicos” de comunicación y que por “ingenuidad o desconocimiento del tema” de estos
académicos se tornó en una “ley de laboratorio” o de difícil aplicación. Se preguntan: “¿Qué pasaría si se aplicara el mismo
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