RESTRICCIONES PARA TODOS

desvinculadas del sistema político que aseguren la libre expresión y eviten negociados, amiguismos y el
impulso de la propaganda oficial.
En telecomunicaciones, vinculadas en muchos aspectos a los servicios de comunicación audiovisual,
existió alguna vez un consenso político —plasmado en un decreto del año 2000— que aprobó normas que
consagraban una competencia amplia sobre todos los servicios, con beneficio para el consumidor y
eliminando estructuras monopólicas. El deterioro económico de 2001 y el accionar posterior del kirchnerismo
(Guillermo Moreno fue secretario de Comunicaciones durante tres años) hicieron que esas normas se
desvirtuaran por completo y dejaran de aplicarse. Nuestra propuesta es retomarlas, actualizarlas, darles
jerarquía de ley y agregar algunas cláusulas adicionales de libre competencia y defensa del consumidor.
Dado el proceso de convergencia entre las telecomunicaciones y los servicios de comunicación
audiovisual (radiodifusión), no nos oponemos a la posibilidad de que una misma ley regule ambos campos y
fusionar la actual CNC y el AFSCA en un mismo organismo, terminando con el concepto de “Ley de Medios”
(que en algunos aspectos es una ‘ley de prensa’ encubierta por regular indirectamente los contenidos y
prestarse a manejos políticos). Esa norma consagraría el ya citado principio de neutralidad de los
contenidos, como rige actualmente en Internet y las telecomunicaciones. Por ahora, nos parece prudente
mantener en nuestra propuesta los dos campos separados y mantener equivalentes de la CNC y el AFSCA,
pero con funciones que se limiten a adjudicar licencias, administrar el espectro radioeléctrico y establecer
condiciones competitivas y cláusulas antimonopólicas razonables (no que impidan las economías de escala en
las operaciones comerciales).
Los servicios de inteligencia no pueden vulnerar derechos individuales, hacer inteligencia política
interna, espiar las comunicaciones de los ciudadanos (salvo en caso de órdenes judiciales debidamente
fundadas) ni contaminar el mercado de medios promoviendo “operaciones” de prensa o contenidos
seudoperiodísticos. Todo esto está claramente vedado por la Ley de Inteligencia de 2000, pero es necesario
que exista la voluntad política para que estas modalidades cesen por completo.
Por último, los organismos administrativos de aplicación de las leyes deben funcionar en todo momento
en forma plena (comunicación audiovisual, telecomunicaciones, medios públicos, instituto de cine). No
pueden ser intervenidos ni sometidos al poder ejecutivo y deben también diseñarse de modo tal que
tampoco puedan ser “capturados” por intereses particulares.
En una futura Argentina gobernada por grupos sin ambiciones hegemónicas, un nuevo marco para la
comunicación e información debería ser debatido con calma por todos los sectores, con datos precisos e
ideas concretas. De este debate podría emerger un consenso político mayoritario (al contrario de la Ley de
Medios kirchnerista, discutida mayormente por activistas y expertos gubernamentales e impuesta por el FPV
sin modificaciones sustanciales), que daría lugar a un régimen estable, que se continúe como una política de
Estado independientemente de los gobiernos y que tampoco sea desvirtuada de acuerdo a conveniencias
políticas coyunturales.
La propuesta que se expone a continuación, 50 Puntos para una comunicación libre, plural e
independiente y el acceso ciudadano a la información es nuestro aporte para ese futuro debate:
Principios generales
1. La libertad de expresión será absoluta, completa e irrestricta en todos los medios, con arreglo a las leyes
generales del país, sin perjuicio de las normas de protección al menor.
2. No existirán delitos de prensa, de comunicación, ni de opinión. No podrán imponerse sanciones penales
por el ejercicio de estas actividades, sin perjuicio de las responsabilidades civiles en los casos que se afecte
a terceros. Toda transgresión a las leyes vigentes cometida a través de la prensa o la comunicación se
juzgará con arreglo a las leyes generales (ver también punto 7).
3. Toda la información que genere, releve o conserve el Estado será pública. Podrá ser conocida, consultada
y/o reproducida por cualquier ciudadano, salvo excepciones muy restringidas (ver punto 44).
4. El periodismo tendrá derecho a la reserva de sus fuentes, según el artículo 43 de la Constitución de 1994.
Este derecho será aplicable a toda persona que ejerza el periodismo, aun ocasionalmente y sea o no
periodista profesional o titulado.
5. Los partidos políticos que —independientemente de sus programas e ideologías—crean en estos valores,
deberían acordar un conjunto de principios básicos al estilo de los que se exponen en este texto y, de ser
posible, convertirlos en una ley que los eleve al rango de política de Estado permanente (más allá de que se
sancione una nueva ley de medios u otras sobre temas afines).
Información pública, acción de funcionarios, jurisdicción
6. La Ley 26734 (reforma Ley Antiterrorista) debe ser clarificada de modo tal que se indique que no puede
ser utilizada contra los medios de comunicación ni contra periodistas.
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