RESTRICCIONES PARA TODOS

Junto a estos concursos debían además adjudicarse (en forma directa) las solicitudes revalidadas
por Resolución 295-AFSCA en los casos de las correspondientes “zonas conflictivas” pero tampoco
se tomó ninguna decisión (ver E.20.11.2011 - 2012).
b. Concursos normales como consecuencia directa de la Ley de Medios (hasta el 31.12.2012):
−
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Para 220 canales de TV abierta (digital) en 30 ciudades (2011). Fue dejado sin efecto ante el
escaso número de interesados (ver E.24.06.2011 y E.23.07.2012).
Para 687 emisoras de radio FM de baja potencia en 381 poblaciones pequeñas y medianas de
10 provincias (no incluyó “zonas conflictivas”) (2012) (ver E.15.05.2012).
− Para 85 licencias de radio FM de baja potencia en la provincia de Mendoza en 21
poblaciones, (no incluyó la “zona conflictiva” de la ciudad de Mendoza, ni la localidad de
San Rafael) (2012) (ver E.22.10.2012).
c. Por otra parte, en cumplimiento de la Ley de Medios, se instituyó también un mecanismo
permanente para efectuar por adjudicación directa y a petición el otorgamiento de emisoras de
“muy baja potencia” en comunidades de “alta vulnerabilidad”, sin definición de localización o
frecuencias (2012) (ver E.20.04.2012).
§
Incumplimiento del concurso abierto y permanente. La Ley de Medios 26522 prevé que las
frecuencias estén sujetas al régimen de concurso abierto y permanente, es decir, que puedan
presentarse propuestas en todo momento para cada una de las frecuencias o canales disponibles para
todas las localizaciones del país. Estos parámetros figuran en el documento llamado Plan Técnico. (La
Ley admite además frecuencias que no estén en dicho plan pero que no causen interferencias a
estaciones actuales o futuras).
En cinco años de vigencia de la ley esta previsión no se cumplió. Para fines de 2014 no hay ningún
Plan Técnico elaborado aún y no se ha aceptado ninguna petición particular para llamar a concursos.
En realidad, los concursos se han convocado (o cancelado) a total discrecionalidad de AFSCA y
solamente desde aquella fecha se han mantenido en concurso abierto y permanente a las frecuencias
no adjudicadas por algunos concursos previos (2012-2013) que resultaron fracasados, todos en
ciudades muy pequeñas. Sólo la convocatoria para emisoras de muy baja potencia en “zonas
vulnerables” se parece al mecanismo del “concurso abierto y permanente”.
Los concursos públicos para la instalación de emisoras de radio y TV abierta constituyen uno de los capítulos más
vergonzosos de la historia de la radiodifusión en la Argentina. Sus marchas, contramarchas, demoras, aperturas,
cancelaciones, cambios sorpresivos de criterios o reglas, manipulaciones, rehabilitaciones y adjudicaciones poco
transparentes configuran un entramado doble de restricciones y privilegios.
La burocracia, improvisación e irregularidades de estos concursos —y no tanto las leyes de radiodifusión u otros
factores— son en gran parte responsables del caos jurídico, administrativo y radioeléctrico (interferencias,
superposiciones, equipos deficientes) de la radiodifusión sonora y la televisión abierta argentinas.
Aun en los casos donde no se verifica favoritismo o corrupción, el sistema somete a cualquier iniciativa a una
burocracia imprevisible y caprichosa que puede demorar años, lustros o décadas. Sin entrar a considerar los numerosos
casos de licencias adjudicadas a amigos políticos de los gobiernos y negadas a quienes se suponga adversarios o
simplemente a quienes carezcan del suficiente poder de lobby, veamos dos casos ficticios (pero verosímiles) de patetismo
burocrático.
Imaginemos a Juan, un potencial radiodifusor interesado en instalar una emisora de FM de baja potencia en Buenos
Aires, Córdoba, Rosario o aún Clorinda (provincia de Formosa), sin violar la ley y que haya tenido esa idea en 1984. En
medio del “congelamiento” de concursos dispuesto en ese año no podría haber obtenido ninguna licencia durante el
gobierno de Raúl Alfonsín. Para 1986-­‐1988, Juan fue testigo del establecimiento masivo de emisoras sin licencia en su
propia localidad y en todo el país, proceso en el cual no quiso participar porque se negaba a hacer nada ilegal.
Sin embargo, para 1989 se legalizó limitadamente a los que tuvieron la audacia de instalar tales emisoras
“clandestinas” con los llamados PPP. Pero los que no ejercieron esa “audacia” siguieron sometidos, como Juan, al
“congelamiento” de concursos y licencias. Continuó esperando durante toda la gestión de Carlos Menem y justo meses
antes de terminar su mandato en 1999, participó en la primera convocatoria para otorgar licencias de radio en una
década y media, la que incluía emisoras de FM de baja potencia por adjudicación directa. En efecto, hacía ya 15 años que
Juan aguardaba una oportunidad. El día anterior a que asumiese Fernando de la Rúa, Juan consiguió la licencia. En el
momento en que se aprestaba a transmitir, el gobierno de la Alianza canceló todas las licencias de FM de baja potencia
otorgadas en las grandes ciudades (o en zonas cercanas a grandes ciudades), por haberse empleado una metodología
fallida que llevó a “irregularidades”. Se estableció el concepto de “zonas conflictivas” (zona con mayor demanda de
solicitudes que frecuencias disponibles), en las cuales se decidió mantener indefinidamente el “congelamiento” de 1984.
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