RESTRICCIONES PARA TODOS

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La ADC obtuvo sentencia favorable en primera y segunda instancia, pero el caso llegó a la Corte por
sucesivas apelaciones del PAMI.
La Corte dictaminó que “la negativa a brindar la información requerida constituye un acto arbitrario
e ilegítimo en el marco de los principios de una sociedad democrática e implica, en consecuencia,
una acción que recorta en forma severa derechos que son reservados [...] a cualquier ciudadano, en
tanto se trate de datos de indudable interés público y que hagan a la transparencia y a la publicidad
de gestión de gobierno, pilares fundamentales de una sociedad que se precie de ser democrática”.
Con esto, la Corte reconoció por primera vez, de manera explícita, el derecho de todos los
ciudadanos a acceder a la información pública basado en fundamentos constitucionales.
Al comenzar 2014 PAMI aún no había dado cumplimiento al fallo. Por otro lado, a mediados de 2009 PAMI perdió la
facultad de pautar publicidad por sí mismo y con sus propios fondos. (A partir de 2011 el único organismo descentralizado
del Estado que puede hacer publicidad por su cuenta es ANSES; el resto de tales organismos lo debe efectuar por
intermedio de la SCP/Télam.)
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