RESTRICCIONES PARA TODOS

Esta PARTE I expone una propuesta integral: 50 Puntos para una comunicación libre, plural e
independiente y el acceso ciudadano a la información, la cual busca garantizar una completa libertad de
expresión y un sistema de comunicaciones abierto, en un marco competitivo y de participantes múltiples y
donde también existan medios de comunicación públicos dignos de ese nombre. La propuesta apunta
asimismo a desmantelar el aparato de propaganda estatal, implantar un sistema permanente de acceso a la
información y establecer mecanismos que impidan que el Estado espíe a los ciudadanos y sus
comunicaciones.
Existen muy buenos estudios y propuestas de organizaciones argentinas como ADC, Poder Ciudadano y
CIPPEC. Hacemos nuestras la mayoría de las recomendaciones de estas entidades en los temas de acceso a
la información y la publicidad oficial, con la salvedad que en el último caso propugnamos que los avisos del
gobierno se incluyan gratuitamente y bajo estrictos límites en los medios gráficos y radiotelevisivos, para así
acabar definitivamente con las manipulaciones y subvenciones discrecionales encubiertas. (Esto último,
posiblemente, no será bien recibido por muchos medios que perderán el ingreso económico de un anunciante
como el Estado, pero es la única manera que encontramos para evitar injusticias, subsidios selectivos
encubiertos, ventajas anticompetitivas, sobredimensionamiento de medios sin audiencia y una tentación
permanente de propaganda y restricciones expresivas indirectas. Sin embargo, podría crearse un mecanismo
de subvención para ciertas categorías de medios basado en una asignación automática y universal, ver más
adelante el punto 36.2).
En cuanto a la organización de los servicios de comunicación audiovisual ofrecemos una propuesta de
nuestra elaboración, que no descarta algunos aspectos positivos de la Ley de Medios kirchnerista, pero
enfoca el tema de otra manera: elimina los criterios de “desinversión”, “escasez” y de cuotas de
contenidos. Para nosotros se debe permitir la conformación de un segmento de medios grandes y poderosos
divididos en unidades equiparables y haciéndolos competir fuertemente entre sí, que a la vez coexista con
un sector de medios alternativos de dimensiones intermedias o menores (privados comerciales, comunitarios
o de ONG) y otro sector de medios públicos de calidad, culturales y pluralistas.
Estos segmentos deben a su vez ser flexibles. Se propone una reserva de un 20% de frecuencias para el
sector sin fines de lucro pero a diferencia de la ley kirchnerista 233 , las entidades de ese tipo podrán aspirar a
licencias para operar también en el 80% restante del espectro si se someten a un concurso público con
entidades de todo tipo. Y esa flexibilidad se potencia si se permite la instalación continua y permanente de
emisoras por parte de todos los interesados (por adjudicación directa si no hay frecuencias radioeléctricas
involucradas, como los sistemas de cable, y por concurso público, para emisoras de AM, FM o TV abierta).
En nuestra propuesta, las regulaciones sobre los contenidos, tanto las que se generan al momento de
concederse las licencias (los compromisos en las propuestas de los concursos) como las “cuotas” (impuestas
por ley), desaparecen por completo. Entendemos que estas regulaciones han fracasado y sólo han servido
para que los distintos gobiernos beneficien a sus amigos (políticos, empresariales o artísticos) y para intentar
controles editoriales. Los medios de comunicación argentinos generaron una de las mayores proporciones
mundiales de programación nacional y en vivo, noticieros locales y espacios de debate de asuntos públicos
hasta en los pueblos más recónditos; también protagonizaron en su momento un desarrollo sin igual del
cable y dieron lugar a una multiplicidad única de señales de noticias, todo esto sin que ninguna ley se los
haya requerido. La increíble pluralidad de Internet —un fenómeno mundial— tampoco es consecuencia de
ninguna norma o disposición (aunque sí pueden instituirse controles legales, como en China o Cuba, o de
facto, como en Venezuela, que lo conviertan en un medio censurado).
Por estas razones, se propone el concepto de “neutralidad de los contenidos” del sistema de radio y TV,
sin perjuicio de un sistema limitado de subsidios a programación local o cultural de ficción de TV, sólo en el
interior del país y bajo ciertas condiciones.
También favorecemos que el cine, como ocurre en casi todo el mundo, siga siendo subsidiado (de la
misma forma que los museos, bibliotecas o las artes en general) pero con asignaciones racionales y
razonamiento a otras regulaciones? Problemas como el de la minería o los mercados financieros no serían objeto de atención de
geólogos o economistas, sino que habría que dejar que las empresas mineras (el equivalente a "la industria") o los bancos (que
conocen "la realidad del sector") a través de sus cuadros técnicos se regulen”.
Mastrini y Becerra plantean un punto muy válido. Sin embargo, sigue habiendo diferencias importantes entre un abogado
especializado en comunicaciones que toda su vida presidió un centro de estudios y otro que alguna vez haya trabajado como
periodista o que gestionado un organismo regulador. No son lo mismo un semiólogo y un productor de televisión y tampoco son lo
mismo un economista de medios y un locutor. (Nótese que no estamos hablando de empresarios o directivos de medios.)
Todos ellos —y no sólo el abogado mencionado en primer término— deberían aportar a la elaboración de la regulación del sector.
La comunicación es un tema más multidisciplinario que la mayoría de las actividades y requiere de expertos con especialidades
muy disímiles. No deja de ser cierto que en la ley predominó la visión de abogados y académicos obsesionados con la
“concentración” de la propiedad, visión que estuvo muy poco contrabalanceada con enfoques que tuvieran en cuenta otros
factores como la independencia periodística, las condiciones económicas, la influencia del poder político, etc. Además, los
aportes de los académicos especialistas en la redacción de la ley se vieron condicionados por el interés predominante de los
principales operadores del gobierno de desmantelar a Clarín, como lo demuestran los sucesivos borradores del proyecto.
233 Una reserva para entidades sin fines de lucro, contrariamente a lo que se proclama desde el gobierno, no es un hallazgo
kirchnerista ni una innovación mundial. En un país con una radiodifusión comercial tan desarrollada como en los Estados Unidos,
por ejemplo, existe desde hace más de 50 años una porción destinada exclusivamente a entidades sin fines de lucro (banda de
FM, de los 88 a 92 MHz), donde pueden funcionar 10 o 15 emisoras de ese tipo por ciudad.
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