RESTRICCIONES PARA TODOS

‘Como usted sabe —le enseñó Daura—, muchos medios de prensa, más que hacer honor y
desempeñar la profesión en forma objetiva [sic], parecen ser órganos de difusión de grupos
económicos que responden a sus propios intereses, muchas veces lejanos a la búsqueda de la
verdad que debe marcar el norte de su profesión’.
Daura le aportó luego ciertos datos solicitados y calló otros por razones, argumentó, de
‘seguridad nacional’. Y al despedirse, le propinó otra reprimenda a Gil Lavedra. Le envió sus
saludos, ‘esperando que esta respuesta colabore a revertir los preocupantes niveles de opacidad
o direccionamiento político que caracterizan algunas consultas en ejercicio del derecho de
acceso a la información pública’.
Regulado por el Decreto 1172/2003 que firmó el entonces presidente Néstor Kirchner, el
régimen de acceso a la información pública existente bajo la órbita del Ejecutivo pronto halló
sus primeros escollos y zonas discrecionales. Por eso, organizaciones como la Asociación por los
Derechos Civiles (ADC), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Foro de Periodismo
Argentino (FOPEA) y Poder Ciudadano, entre otras, lanzaron una campaña en 2010 para que se
sancione una ley más certera y amplia.
Dos años después, el reclamo sigue abierto, mientras que los filtros oficiales se intensificaron.
Al punto que la Inspección General de Justicia (IGJ) modificó incluso sus procedimientos y
prácticas tradicionales para exigir, ante otra consulta de Gil Lavedra, que quien pida datos
sobre una sociedad comercial debe demostrar su ‘interés legítimo’ para acceder a esos datos. La
misma respuesta que cosechó La Nación cuando pidió el legajo de The Old Fund —la controlante
de la ex Ciccone— y terminó por descubrir el ‘extravío’ (o robo) de ese legajo [...]”.
El kirchnerismo nunca creyó verdaderamente en estas medidas de transparencia y sólo las vio como una forma de
construcción de su propia imagen como “progresista” para satisfacer a la clase media. Las respuestas a los pedidos de
información pública fueron disminuyendo ya desde 2005-­‐2006 y desde 2009 pasará en su mayoría a ser rechazadas,
retaceadas o demoradas con pretextos.
2003 - presente
Incumplimiento de la Ley de Ética Pública por parte del gobierno y numerosos funcionarios. Reforma de
la ley con el objeto de reducir exigencias de datos a los funcionarios.
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Desde la sanción de la Ley 25188 (Ley de Ética Pública) (1999), los funcionarios nacionales de los tres
poderes están obligados a presentar su declaración jurada de bienes. Deben hacer una rendición al
asumir sus cargos, actualizarla una vez por año y entregar una última cuando cesan sus funciones.
Sin embargo, los integrantes del poder ejecutivo ofrecían muchas veces declaraciones incompletas o
difíciles de interpretar. Asimismo, suelen no presentarlas cerca de la tercera parte de los diputados
kirchneristas y varios senadores de esa corriente, una proporción más alta que el promedio de otras
fuerzas políticas.
El gobierno nunca integró la Comisión Nacional de Ética Pública (CNEP), organismo de aplicación de
la ley. Sus funciones fueron asumidas transitoriamente por la Oficina Anticorrupción (OA), repartición
del poder ejecutivo y carente de independencia.
El 08.05.2013 se aprobó la Ley 26857, que modificaba la 25188 y eliminaba la CNEP. La OA quedaba
como organismo permanente de aplicación de la Ley de Ética Pública.
Con la nueva ley sólo se ponen a disposición pública unos pocos datos generales. Si bien hasta
entonces era necesario un trámite administrativo para acceder a las declaraciones juradas de bienes
—aunque eran públicas— ahora se ordenaba que sólo se diera a conocer, por Internet, el formulario
impositivo presentado ante la AFIP. Ese documento omite gran parte de los datos personales y
patrimoniales de cada funcionario: no se identifican ni se precisa el valor de cada uno de los bienes,
ni su fecha de compra, ni se exige el origen de los fondos. Tampoco se harían constar datos de su
cónyuge, conviviente e hijos menores no emancipados.
2003 - 2011
Falta de respuesta a los pedidos de informes legislativos.
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Entre 2003 y 2011 se presentaron en la Cámara de Diputados 8.391 pedidos de informes, de los cuales
el plenario sólo aprobó 1.470 (17,5%).
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