RESTRICCIONES PARA TODOS

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30.09.2011: Un editor reveló a Clarín que 1,6 millones de libros se encontraban retenidos en la
Aduana. La medida afectaba no sólo a los libros que se importaban totalmente del exterior, sino
también a libros argentinos elaborados por editoriales del país y que por una cuestión de costos se
mandaban a imprimir en otros países (Uruguay, Chile, etc.), con un ahorro de hasta un 30%.
Clarín dijo que en la nota “no hay ni una fuente que haya aceptado dar el nombre [...] Ni ninguna
alusión que pueda identificarlos. Hace una semana lo explicaba una editora [...]: "Cuando esto les
pasó a los [...] electrodomésticos [...] a los que protestaron les cayó la AFIP", advertía. Eso, según
dos editores, ya habría pasado con una editorial que alzó la voz”.
El día anterior la presidenta no mencionó el asunto al inaugurar el Museo del Libro y de la Lengua.
Pero el ministro de Cultura porteño, Hernán Lombardi, advirtió que “la circulación de libros, la
circulación de ideas, nunca pueden ser rehenes de una estrategia económica”.
01.10.2011: Las trabas para la importación de libros persistían y afectaban de manera intermitente a
distintas editoriales y muchos envíos particulares.
Mientras tanto, las secretarías de Comercio Interior y de Cultura presionaban a editoriales a
comprometerse a imprimir determinada cantidad de libros en el país. Era la condición para que se
devolvieran los ejemplares retenidos y se dejaran de aplicar las restricciones.
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28.02.2012: Una disposición de la Secretaría de Comercio Interior dispuso una serie de restricciones
que se aplicarían al ingreso de libros, periódicos y otro material impreso. Todos deberían pasar por la
Aduana para certificar que no superasen ciertos niveles de plomo (por la tinta utilizada), con el fin
de “resguardar la salud de la población”. En cambio, las publicaciones impresas en la Argentina
estaban exentas de este supuesto control de plomo.
07.03.2012: El diario montevideano El País informó que a un exportador uruguayo de libros le
pidieron enviar previamente una muestra de un ejemplar que sería analizada por un laboratorio
argentino. Una vez que se constatase que se adecuaba al nivel de plomo permitido se otorgaría la
habilitación. Posteriormente habría que presentar declaraciones juradas. “Con esta resolución
terminan por cerrar este mercado”, dijo un editor uruguayo.
29.03.2012: La Cámara Argentina del Libro firmó un acuerdo con el gobierno que incluía un “plan de
exportación e importación intrasector, de unos 13.000.000 de dólares para el período comprendido
entre octubre de 2011 y septiembre de 2012”.
30.03.2012: La Secretaría de Comercio Interior dio marcha atrás con las restricciones y aclaró que no
regía para envíos o compras de particulares. En las semanas anteriores, quienes habían comprado al
exterior libros o que simplemente eran suscriptores de revistas, debieron retirar los ejemplares en la
Aduana en lugar de recibirlos en sus domicilios por vía postal.
Asimismo, se dispuso que las editoriales o librerías que importaran libros en cantidad no podrían
utilizar en adelante servicios de correo internacional.
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04.04.2012: El secretario de Cultura, Jorge Coscia, dijo que el gobierno “tiene soberanía cultural”
para decidir qué se debe “editar”, mientras inauguraba una muestra en Formosa con el gobernador
Gildo Insfrán.
Señaló Coscia: “como hay una soberanía de la economía hay también una soberanía cultural que
consiste en que tengamos cada vez más una mayor capacidad de decisión para decir qué se debe
editar [y] qué conviene estratégicamente que los argentinos editemos y no que se decida en las
grandes capitales del mundo sobre los libros que podemos leer”.
Sin embargo, según datos de la Cámara de la Industria Editorial, las dos terceras partes de los libros
que se vendían entonces en la Argentina se editaban e imprimían en el país.
¿Los libros también? Parecía una más de las típicas restricciones comerciales del secretario de Comercio Interior,
Guillermo Moreno, o de otros funcionarios del gobierno kirchnerista.
Estas restricciones se tomaban sobre distintos sectores de actividad económica, en muchos casos usando grandes
dosis de “fuerza bruta”, con el objetivo de conseguir determinados efectos que le interesaban al gobierno (evitar la fuga
de divisas, protección a industrias, etc.). Para esta peculiar “razón de Estado”, el hecho de que tales medidas afectasen a
las personas era irrelevante.
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