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el-medio-es-el-relato

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34 autorizaciones a comunidades aborígenes (32 de FM de baja potencia, 1 AM y 1 TV<br />

abierta) 195 .<br />

(150 licencias/autorizaciones a privados, 26% del total)<br />

Total de licencias/autorizaciones en virtud de la Ley de Medios: 578, de las cuales el 74 % son<br />

estatales.<br />

El artículo de Página/12 citaba también las siguientes cifras de licencias otorgadas por convocatorias<br />

iniciadas antes de la sanción de la Ley de Medios y por adjudicación directa (salvo una docena<br />

efectuadas por concursos). No pueden, bajo ninguna circunstancia, considerarse como medios<br />

posibilitados por la nueva ley:<br />

−<br />

−<br />

−<br />

475 licencias a personas o empresas para emisoras FM de baja potencia, casi todas por la<br />

convocatoria de la Resolución 1366 (2006) u otras previas a la Ley de Medios, en ciudades<br />

pequeñas y medianas del interior. (Por la citada Resolución 1366 se habían otorgado entre 2006 y<br />

2009 unas 700 licencias, según nuestros datos.)<br />

6 licencias a personas y empresas para emisoras AM, por concursos igualmente convocados antes<br />

de la Ley de Medios, en ciudades medianas del interior.<br />

74 licencias a entidades sin fines de lucro para emisoras FM de baja potencia, casi todas por la<br />

convocatoria de la Resolución 1366 (2006) y dadas por adjudicación directa, en ciudades<br />

pequeñas y medianas del interior.<br />

195 Página/12 y AFSCA contabilizaban las autorizaciones a comunidades indígenas como parte del “sector público” pese a que son<br />

operadas por organizaciones privadas (cooperativas, ONG). Es cierto que, como ocurre con las correspondientes a la Iglesia<br />

Católica, son otorgadas a petición y sin concurso. Nosotros las consideraremos, en principio, como integrante del sector privado.<br />

Cabe destacar que Crettaz, en un artículo de La Nación del 10.10.2013, mencionaba las siguientes adjudicaciones entre el<br />

01.2010 y el 09.2013 para entidades no estatales: 29 licencias a empresas y personas, 34 a cooperativas de servicios públicos, 6 a<br />

asociaciones civiles y 21 a comunidades aborígenes.<br />

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