RESTRICCIONES PARA TODOS

14. La ley establecerá cuotas que garanticen la difusión sonora y audiovisual de contenidos de
producción local, nacional y propia. Esto implica producción realizada por actores, músicos,
directores, periodistas, artistas, investigadores y técnicos argentinos, y reglamentará la obligación
de inversión en producción propia y en la compra de derecho de antena de películas nacionales.
15. La explotación de los servicios de radiodifusión es indelegable y debe ser prestada por el propio
titular de la licencia.
16. Las repetidoras y cadenas deben ser una excepción a la regla de modo tal de priorizar el
pluralismo y la producción propia y local, salvo para las emisoras estatales de servicio público o la
emisión de acontecimientos de carácter excepcional.
17. La publicidad sonora y audiovisual será de total producción nacional y deberá siempre
diferenciarse de los contenidos de la programación, no estará incluida en esta, se difundirá en
tandas claramente identificadas al inicio y al final por la señal distintiva del medio y no inducirá a
estafas y engaños a la comunidad.
18. Los sistemas de distribución de señales deberán incluir en su grilla de canales las emisoras de
TV de aire de la localidad, el canal público nacional y un canal con producción informativa local y
propia.
19. La autoridad de aplicación deberá respetar en su constitución el sistema federal y estará
integrada además por organizaciones de la sociedad civil no licenciatarias y por representantes de
las entidades representativas de los trabajadores de los medios y de las artes audiovisuales.
20. Se creará la figura de la "Defensoría del público", con delegaciones en las provincias, que
recibirá y canalizará las inquietudes de los habitantes de la Nación. Deberá incluirse un capítulo
que garantice los derechos del público. Estos podrán ser ejercidos directamente por los habitantes
de la Nación o a través de la defensoría del público.
21. En la nueva ley se deberá contemplar la normalización de los servicios de radiodifusión atendiendo
a las necesidades de aquellos impedidos de acceder a una licencia por las exclusiones históricas de la
Ley 22.285 y la administración arbitraria de las frecuencias por parte del Estado nacional”.
Algunos de estos 21 Puntos eran pautas deseables, de sentido común y de amplio consenso. Otros, como los que
propugnaban fijar cuotas de música nacional, limitar las redes privadas o darles vía libre a las de emisoras estatales,
representaban materias más opinables. Asimismo, la conveniencia y eficacia de normas para evitar la concentración,
monopolios y oligopolios dependía de cómo estos se definan y de cómo se instrumenten en la práctica tales disposiciones.
La propuesta más relevante del documento era la reserva de un tercio de frecuencias a organizaciones sin fines de
lucro, una idea que desde hacía tiempo venía sosteniendo Damián Loreti, abogado de entidades sindicales y radios
comunitarias, y especialista en derecho de la información. Fue también director de la Carrera de Ciencias de la
Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA (2002-­‐2006) y vicedecano de esa facultad (2006-­‐2010).
Loreti y el periodista Néstor Busso (vinculado con la fundación que opera Radio Encuentro de Viedma y titular de la
asociación de emisoras comunitarias FARCO) fueron los verdaderos impulsores de este documento.
Los 21 Puntos fueron recibidos por la gestión de Néstor Kirchner con buenas palabras pero con indiferencia. Ello, no
obstante que algunos grupos firmantes, como las Madres de Plaza de Mayo, comenzaban a experimentar una gran
cercanía con el gobierno.
Esta actitud cambió cuando en 2008 el oficialismo comenzó a pensar en una Ley de Medios para atacar al Grupo
Clarín y desmontar el poder de los “medios hegemónicos”. Loreti se alineó completamente con el kirchnerismo y fue
convocado para redactar el proyecto de ley que, es cierto, recogía varios de los 21 Puntos, es decir, los que él mismo
había contribuido sustancialmente a preparar. Muchas ideas de Loreti le venían como anillo al dedo al oficialismo para
esa estrategia, aunque se bajó el énfasis a aquellas que no eran funcionales para los objetivos gubernamentales: la
distribución equitativa de la publicidad oficial o la pluralidad de los medios estatales, principios que recibieron menciones
vagas en la nueva Ley de Medios.
Loreti no fue llamado a ocupar ningún cargo en organismos gubernamentales de la comunicación por considerárselo
“muy académico” y tener criterios demasiado independientes para el kirchnerismo. Sin embargo, mantuvo una línea de
apoyo completo al gobierno y no salió a objetar públicamente ninguno de los aspectos más criticables en la aplicación e
instrumentación de la ley, los cuales implicaron algunas violaciones serias de su letra y de su espíritu. En 2012, Loreti fue
el candidato del Frente para la Victoria a la presidencia del Colegio de Abogados de la Capital Federal, elección que
perdió.
La Coalición por una Radiodifusión Democrática pasó a ser dominada crecientemente por Busso, a través de FARCO y
por algunos sindicatos de izquierda, con alguna intervención del CELS. Ya antes de la sanción de la Ley de Medios, la
77