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La denuncia apuntaba al ministro de Justicia, Julio Alak; al titular de AFSCA, Martín Sabbatella y al<br />

secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, entre otros.<br />

En la denuncia se mencionó también a los periodistas Roberto Caballero (exdirector de Tiempo<br />

Argentino), a Sandra Russo, Nora Veiras, Edgardo Mocca y Orlando Barone (panelistas de 6-7-8) y a<br />

Javier Vicente como “propagadores” de la "incitación a la violencia”.<br />

Un comunicado de Clarín señaló: “No se busca imputar a periodista alguno; estos sólo serán testigos<br />

[...] No es el objetivo de esta denuncia imputar a periodistas sino a los responsables políticos de la<br />

incitación a la violencia”.<br />

El 26.11.2012 FOPEA condenó la denuncia y dijo que resulta “contradictorio” que una empresa para<br />

cuya tarea “es imprescindible el ejercicio de la libertad de expresión, recurra a presentaciones<br />

penales contra periodistas”, Agregó que “estuvo y está” en contra de las acciones judiciales que<br />

penalicen la libertad de expresión, “por más discutibles que puedan ser las expresiones vertidas”.<br />

Ante el argumento de los abogados del Grupo Clarín, FOPEA sostuvo que “en ningún lugar de la<br />

presentación judicial [...] se menciona a los periodistas como testigos. En cambio, sí son<br />

identificados entre los ‘principales propaladores del mensaje gubernamental’, lo cual los haría<br />

parte, dentro de la lógica judicial de la denuncia, de ‘quienes incitan a la violencia colectiva’”.<br />

En un hecho sin precedentes, la denuncia fue criticada virtualmente por todos los medios y<br />

periodistas independientes, incluso de los del mismo Grupo Clarín en sus propios espacios de radio y<br />

TV (Nelson Castro, Jorge Lanata, Ernesto Tenembaum) y en el diario (Ricardo Kirschbaum). La SIP<br />

expresó igualmente su condena.<br />

Los medios oficialistas dedicaron al hecho un amplio despliegue y lo condenaron en duros términos.<br />

Tiempo Argentino publicó el 24.11.2012 que la denuncia era una “desmesura [...] [que] revela, una<br />

vez más, el verdadero rostro de Héctor Magnetto [...] Clarín miente. Miente y, además, persigue a<br />

periodistas. Miente y, además, quiere meter presos a periodistas por el sólo hecho de opinar<br />

distinto al grupo. Así de claro. Así de grave”.<br />

El 28.11.2012 los abogados de Clarín anunciaron que habían decidido excluir los nombres de<br />

periodistas de la denuncia, quienes no serían requeridos siquiera como testigos.<br />

Ese mismo día, el editor general de Clarín, Ricardo Kirschbaum, publicó en ese diario una nota<br />

titulada Una rectificación imprescindible, donde criticó la actitud de los abogados de su propia<br />

empresa:<br />

“El Grupo Clarín nunca debió haber mencionado a periodistas en una denuncia penal. Así piense<br />

que pueden haber sido usados por el gobierno en esta monumental campaña de hostigamiento.<br />

La presentación de los abogados del Grupo corrige el desvío cuando ratifica que ‘no existe de<br />

nuestra parte, ni de nuestra representada, intención de formular imputaciones penales contra<br />

periodista alguno’. Esto es en la denuncia formulada contra funcionarios por incitación a la<br />

violencia colectiva.<br />

Si todavía quedase alguna duda, hoy se desistirá de que los seis periodistas siquiera sean citados<br />

como testigos.<br />

La libertad de expresión y de opinión son valores irrenunciables para una sociedad democrática.<br />

Cualquier condicionante de esos derechos, así como al libre ejercicio de la profesión, debe ser<br />

inmediatamente removido, aun cuando haya habido, como en este caso, un aprovechamiento<br />

político evidente.<br />

El debate sobre el alcance de la denuncia presentada se dio, básicamente, en medios de este<br />

Grupo Varios periodistas que conducen y trabajan en programas de medios de Clarín criticaron<br />

abiertamente la presentación. Este acto de libertad sería impensable en los medios oficiales,<br />

donde el pensamiento crítico está prohibido.<br />

Otra vez apareció el doble estándar del oficialismo y de sus hoy sensibilizados periodistas.<br />

No hubo reacción en bloque ni denuncias ni siquiera la solidaridad personal, salvo anónimas<br />

excepciones, cuando varios periodistas fueron sometidos a un insólito y denigrante “juicio<br />

popular” en la Plaza de Mayo. O cuando se hicieron filas para escupir las fotos de algunos de<br />

ellos, en un virtual linchamiento público, un acto vergonzoso. Tampoco se levantó la voz para<br />

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