RESTRICCIONES PARA TODOS

demás funciones pertinentes, para su evaluación y posterior autorización”. Solamente recopilar este tipo de
información insumiría horas al personal de los canales.
Todas estas exigencias, que se supone entraron en vigor desde el inicio de 2013, implicarían desembolsos
económicos que pueden hacen peligrar la continuidad de una operación en ciudades pequeñas o medianas o que
desalentarán a interesados potenciales de instalar un canal abierto o un cable en esas ciudades. O bien
generarán una avalancha de programas de muy baja calidad (incluyendo constantes repeticiones para cubrir los
porcentajes). Tales exigencias serían ya gravosas para una ciudad mediana, pero casi imposibles para una ciudad
chica.
Por lo demás, AFSCA debería desplegar un verdadero ejército de inspectores o personal de monitoreo para
controlar todo esto en decenas o cientos de canales abiertos y en miles de sistemas de cable.
Todas las aludidas dificultades podrían hacer que estas exigencias de la Ley de Medios pasen a ser letra
muerta y sean sistemáticamente incumplidas; o bien que se intenten hacer observar en forma espasmódica,
según los humores de los reguladores.
Puede haber otra solución: que el Estado o entidades autorizadas o subvencionadas por éste provean gratis
(o a bajo precio) programación local independiente o que por una ficción legal se consideren “propias”.
Y esto es precisamente lo que hacen las resoluciones 1348-­‐AFSCA/12 y 2368-­‐AFSCA/12 (ver E.28.09.2012,
28.12.2012): permiten que se cubran los porcentajes de programación local “independiente” “con los contenidos
provistos por el Banco Audiovisual de Contenidos Audiovisuales Argentino (BACUA) y el Centro de Producción e
Investigación Audiovisual (CePIA)” (ver E.06.2010 – presente, apartados 2 y 3).
El BACUA y el CePIA son mecanismos que ofrecen en forma gratuita producciones, algunas de buena calidad,
de ficciones y documentales en gran parte funcionales a las ideas del kirchnerismo, las que en muchos casos
pueden considerarse como propaganda política abierta o encubierta. Es decir que con el caballo de Troya de
programación local termina apareciendo propaganda pro-­‐gubernamental.
Entre otros programas que los canales podrían emitir para ser considerados “programación propia” figuran
TV x la inclusión (de la productora de Bernarda Llorente y Claudio Villarruel), El pacto (la historia de Papel Prensa
según la versión K) o Kirchner, relato de un presidente (documental de Diego D'Ángelo).
Por otra parte, la exigencia a las emisoras de radio de emitir porcentajes de “música nacional” (si bien
establece que pueden exceptuarse a emisoras temáticas) implica otro acto de control cultural y remite a épocas
ya superadas. Otra disposición de la Ley de Medios establece un porcentaje mínimo de música en que el autor o
intérprete retenga los derechos de comercialización. Esto obligará a los programadores de las emisoras a hacer
complejos cálculos y averiguaciones para armar la programación de cada día. Por supuesto, es otra materia que
distraerá al AFSCA tiempo y recursos en la fiscalización de las transmisiones.
Frente a todo esto, la exigencia de que los canales abiertos transmitan un mínimo de 8 largometrajes
argentinos de estreno al año parece una obligación mínima.
Si se quiere promover que en ciudades del interior se genere producción local documental o de ficción como
modo de estimular industrias culturales locales o fortalecer identidades zonales (dado que la de no ficción está
muy bien representada y ha surgido en forma espontánea desde antes de la Ley de Medios), el Estado debería ser
realista.
Aún en los Estados Unidos, un mercado rico, no se producen sistemáticamente ficciones televisivas fuera de
dos o tres ciudades grandes. En los países europeos rara vez se hacen fuera de sus propias capitales. En todo
caso, las secretarías de cultura nacional, provinciales o locales podrían establecer sistemas de promoción o becas
razonables al respecto —como lo hacen con la música, el teatro o las artes y siempre con garantías de
transparencia y pluralismo— para que los canales de televisión exhiban realizaciones de ese tipo o participen en
ellas. Es una metodología incorrecta hacer recaer esta misión en los licenciatarios y usar al público como
“conejillo de indias” para experimentaciones que pueden vulnerar la libertad de elección, así como condenar a la
audiencia a realizaciones insufribles: décadas atrás se obligó a los cines de Buenos Aires a ofrecer un “número
vivo” antes de la película y que solía ser repudiado por los concurrentes, entre otras cosas, por su baja calidad.
De todas maneras, proporciones mínimas o razonables de porcentajes sobre el contenido de la
programación, topes que por naturaleza deben ser flexibles o cambiantes según las circunstancias, deberían
fijarse en la reglamentación y no en la ley.
§
Cadena nacional (o provincial). El poder ejecutivo nacional (o los provinciales) podrán disponer
cadenas nacionales (o provinciales) “obligatorias para todos los licenciatarios” en “situaciones
graves, excepcionales o de trascendencia institucional”, pero no se fija ningún límite.
Se dejó pasar una oportunidad para limitar las cadenas nacionales, las que implican imponer mensajes no
deseados al público, limitar sus posibilidades de elección y colocan en manos del gobierno un instrumento de
propaganda. También son una incautación forzosa del tiempo de transmisión de los licenciatarios.
§
Telefónicas. Se suprimió la autorización a las compañías telefónicas a participar en los servicios,
incluyendo la TV por cable, que el poder ejecutivo quería incluir en el proyecto original.
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