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B. SOTO ARANDA/ M. EL-MADKOURI–TRADUCCIÓN E INMIGRACIÓN
Por otra parte, el progenitor no pierde la patria potestad de los menores incluso
cuando no cumpla con sus obligaciones de protección y cuidado para con él. Es el caso de
una pareja formada por una mujer marroquí y su esposo español, que tras el fallecimiento
de su hermana en Marruecos decidieron solicitar la tutela de sus sobrinos. Si bien su padre
accedió a que se llevaran a sus hijos a España y cedió todos sus derechos sobre ellos, el
Juez Notarial redactó un documento denominado Acta de custodia de menores (Kafala alatfal)
y no un acta de tutela dativa como ellos habían solicitado.
Vemos pues que además del dominio de la lengua árabe resulta imprescindible el
conocimiento del ordenamiento jurídico marroquí, o en todo caso disponer de fuentes de
información necesaria para realizar la labor de traducción. En España tenemos dos tipos de
fuentes: a) directa: el consulado de Marruecos; b) indirecta: literatura general sobre el
particular, que se encuentra en su mayoría en francés, particularmente a través de las
Bibliotecas como la de F. M. Pareja. del ICI. O, lo más práctico, pedir la colaboración de
traductores expertos.
Argüeso señala por su parte que en el caso de una traducción específica “el
traductor no puede quedarse ‘atrapado’ por las palabras […] para traducir de una forma
aceptable el traductor deberá olvidarse de cómo el texto está construido y centrarse en las
ideas que debe trasponer al español” (Argüeso 1998: 37).
Sin entrar en disquisiciones teóricas acerca de la relación entre lingüística y
traducción, señalaremos la imperiosa necesidad de extremar la atención en verter a la
lengua terminal no sólo el sentido sino también el contenido real del texto traducido. Es el
caso, por ejemplo, de una demanda de custodia de un hijo interpuesta por una ciudadana
marroquí residente en España. La custodia se solicitó en base a la traducción de un acta de
divorcio levantada por un juez notarial en Marruecos, cuyo contenido no se había traducido
correctamente al español. Así, en la traducción constaba que la demandante aceptaba la
patria potestad de su hijo, cuando lo que aparecía en el documento original era la
aceptación de correr con los gastos de manutención, vestimenta y alojamiento de su hijo
hasta su mayoría de edad.
El acto de comunicación intercultural que constituye la traducción jurídica no sólo
deja de tener validez sino que puede tener una trascendencia inimaginable a priori, tanto
para el cliente como para la relación entre los dos organismos que la traducción pone en
contacto, el sistema jurídico español y el marroquí, en este caso.
La misma situación la encontramos en la traducción de las actas de divorcio. En la
legislación marroquí existen diversos tipos de divorcios.
Hickey (1996: 127) señala que tampoco se puede suprimir un elemento por haberse
expresado ya repetidas veces o de cambiar un sintagma que no “suene bien”, y cualquier
ambigüedad debe mantenerse escrupulosamente en el documento original. En las actas de
matrimonio o de divorcio suelen aparecer frases del tipo se divorcian sin haber consumado el
matrimonio o desde su separación no han vuelto a mantener relaciones maritales. Al traductor este tipo
de frases pudieran parecerle carentes de importancia y, por qué no decirlo, inconcebibles o
irritantes, y optar por suprimirlas de la traducción. Pero este tipo de frases pueden llevar
consigo un cambio en las compensaciones por el divorcio, o que una persona pueda
rechazar la paternidad de un niño, por ejemplo.
Tal y como indica Masiá (1997: 866), el traductor tiene que estar capacitado también
para reformular correctamente en español los distintos tipos de textos legales resolviendo
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