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CARMEN VALERO GARCÉS–EL MEDIADOR INTERLINGÜÍSTICO EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS
ser un país de emigrantes para convertirse en uno de inmigrantes en un proceso que parece
imparable y que se inicia en 1986 con la entrada de España en la Unión Europea
Tal situación plantea una serie de retos que exigen ciertas respuestas ante la
necesidad de establecer una convivencia equilibrada. Muchos de estos inmigrantes,
refugiados o ciudadanos indocumentados traen como único equipaje su lengua nativa y sus
tradiciones y costumbres. Ello conlleva una serie de problemas que los diferentes gobiernos y
la sociedad misma trata de resolver con medidas legales, laborales, sociales o simplemente de
convivencia. Sin embargo, uno de estos problemas con frecuencia olvidado, a pesar de la
tradición y sensibilización que existe en la Unión Europea sobre la diversidad de lenguas, es
la comunicación interlingüística.
Los conocimientos que estas personas suelen tener de la lengua del país de acogida
suelen ser escasos o muy limitados y tienen que enfrentarse a situaciones (en el hospital, la
escuela, policía, oficinas del estado, etc.) en las que su uso es necesario y sus interlocutores
muy diferentes. Los gobiernos, instituciones, sectores o áreas de los diferentes países están
tomando conciencia de la realidad y aportando soluciones diversas, a veces simplemente
locales, pero sin que el debate haya llevado a la construcción de modelos teóricos. En los
lugares de mayor afluencia, los gobiernos o instituciones públicas suelen proveer
instrumentos, bien utilizando sus propios recursos, bien confiando su tarea a organizaciones
no gubernamentales (ONGs). Cuando el estado o la institución no provee tales instrumentos
para hacer efectiva la comunicación, la propia población extranjera o las organizaciones o
personas que les ayudan buscan intermediarios en sus amigos, parientes e incluso sus hijos
que, aunque menores de edad, dominan la nueva lengua mejor que sus progenitores. E
incluso en el caso en el que sea el estado quien proporcione la ayuda, éste, ante una situación
nueva y urgente para la que no cuenta con mecanismos, suele confiar con frecuencia esta
tarea a las ONGs. Así ocurre en España, donde son estas organizaciones las que, en
definitiva, prestan una mayor ayuda a los inmigrantes y refugiados en cuestiones de asesoría
judicial, social, laboral, jurídica o lingüística a través de listas de personal, muchas veces
voluntario, a las que recurrir 1 .
En el terreno exclusivamente lingüístico, en todos los países suelen existir figuras
consideradas oficiales. En el caso de nuestro país podemos citar principalmente dos: el
traductor jurado y el traductor e intérprete del Ministerio de Justicia. En el caso del primero, el
nombramiento se adquiere tras pasar el examen que convoca el Ministerio de Asuntos
Exteriores o bien tras ser licenciado en Traducción e Interpretación y reunir los requisitos
necesarios (BOE 21 de marzo de 1997). En el caso del traductor e intérprete del Ministerio de
Justicia, el nombramiento se consigue tras pasar un examen 2 .
Existe, sin embargo, una tercera figura “oficial” que actúa en los servicios públicos y
que cada vez está cobrando más importancia ante la nueva situación creada con la llegada de
personas que traen lenguas y culturas prácticamente desconocidas. Esta figura es reconocida
1 Algunas ONGs que prestan servicios de traducción e interpretación en España son: CCEM (Asociación Comisión
Católica Española) que, en virtud de un convenio firmado con el IMSERSO, presta sus servicios a la OAR (Oficina de Asilo y
Refugio); COMRADE (Comité de Defensa de los Refugiados, Asilados e Inmigrantes en España) que atiende a más de 20 lenguas
diferentes; KARIBU, que presta servicios sobre todo en relación con lenguas africanas; y la red de oficinas de la organización
conocida como ACOGE (por ejemplo, ALMERIACOGE, GUADACOGE, etc.) distribuidas por gran parte de la geografía
nacional, o IEPALA (Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África), entre otras.
2 Para más información consultar C. Valero Garcés (2000a).
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