LA METAMORFOSIS DE LA IDEOLOGÍA - El Corte Inglés

de la soberanía suprema. La Revolución Americana no sólo no devoró a sus
hijos, como hizo la francesa, sino que los mismos hombres que iniciaron la
revolución fueron quienes la concluyeron, estableciendo una Constitución,
inmediatamente enmendada para cubrir las lagunas observadas en la protección
y garantía de los derechos inalienables de los individuos, y dando forma
a una organización judicial capaz de velar con eficacia por tales derechos.
El olvido de esta tradición de la República Norteamericana, implantada
en el país nuevo de los hombres nuevos en igualdad de condiciones, no sólo
ocasionó sufrimientos, duros y repetidos, a los europeos, sino que ha llevado
también a interpretaciones equiparadas en el orden teórico y constitucional.
Jellinek protagonizó una famosa polémica con Boutmy, a caballo entre los
siglos xix y xx, a propósito de los orígenes de la Declaración de los derechos
del hombre y del ciudadano, en la que terció Adolfo Posada por parte de los
constitucionalistas españoles (101). En un estudio riguroso y profundo, Jellinek
examinó la influencia directa de las declaraciones de derechos americanos
en la declaración francesa, desde un punto de vista político constitucional,
lo cual no le impidió afirmar el gran alcance de la declaración francesa para
el desarrollo constitucional posterior, como prueban las Constituciones de
diversos países durante el siglo xix. “Bajo su influjo –escribe– se ha formado
la noción de derechos subjetivos públicos del individuo en el derecho positivo de
los Estados del continente europeo” (102). Pero esa importancia histórica de la
declaración francesa no implica que su origen haya de buscarse en la tradición
francesa del Contrato Social y las Luces, como solía hacerse, sino que es
preciso partir de las constituciones americanas y de la tradición religiosa del
puritanismo.
La argumentación de Jellinek es taxativa: Rousseau no puede ser la fuente
de la declaración de derechos, porque “el contrato social se resume en una
sola cláusula, a saber: la enajenación de todos los derechos del individuo a la
sociedad” (103). En cuanto entra en el Estado, el individuo no conserva para
sí ningún derecho básico, pues todos ellos los recibe de la voluntad general,
única legitimada para fijar límites y restricciones a los derechos y libertades.
El contrato social convierte al Estado en el dueño de todos los bienes de la
comunidad, la propiedad es una concesión del Estado y la libertad civil depende
de las leyes establecidas por la voluntad general (104). La concepción
de unos derechos originarios del hombre, que están más allá de la sociedad
y del contrato, se descarta, pues resultaría opuesta a la idea tradicional del
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