LA METAMORFOSIS DE LA IDEOLOGÍA - El Corte Inglés

“1. La propiedad es el derecho que tiene todo ciudadano de gozar y disponer de
la porción de bienes que le está garantizada por la ley. 2. El derecho de propiedad
está limitado, como todos los otros, por la obligación de respetar los derechos de los
demás. 3. Tal derecho no puede perjudicar a la seguridad, ni a la libertad, a la
existencia; o a la propiedad de nuestros semejantes. 4. Toda posesión, o todo tráfico,
que violen estos principios son ilícitos e inmorales” (58).
Robespierre se lució ante la Convención con su habilidad retórica, pero
en realidad no añadía nada a la concepción general de todos los derechos,
y no sólo de la libertad, que habían definido las anteriores declaraciones. Se
volvió a presentar la cuestión de incluir los deberes, al lado de los derechos,
pero se desechó con la argumentación de que los deberes iban implícitos en
los derechos. La Convención del Año III (1795), que sustituyó a la jacobina y
nunca aplicada de 1793, estableció una Declaración de los Derechos y Deberes
del Hombre y del Ciudadano, que no afectó para nada a la tendencia
francesa a sacrificar la libertad a la igualdad y la seguridad, que se halla detrás
de su atormentada historia, y de la de los países como España que fueron
notablemente influidos por el modelo francés. El “crepúsculo del deber”, que
ahora algunos denuncian en nuestra sociedad de bienestar, tiene unas raíces
profundas. Por eso, T. S. Marshall, al seguir el proceso de la ciudadanía,
planteó el variable equilibrio entre los derechos y los deberes. Mientras los
derechos se han multiplicado y son muy precisos, sabiendo cada individuo lo
que puede reclamar, los deberes y obligaciones son confusas, salvo en algunos
casos, como pagar los impuestos, contribuir a los seguros o guardar las reglas
de tráfico, cosas que no dependen, claro está, de la voluntad ciudadana, ni
de su sentido de la lealtad cívica. Curiosamente, también es obligatoria la
educación –ahora, hasta los dieciséis años– y lo era el servicio militar, que ya
desapareció como tal en la sociedad española. Las otras obligaciones que se
suponen de un buen ciudadano, incluida su participación en la vida política
y comunitaria, se han ido relajando, cuando no han dado paso a insolidaridades
y corrupciones varias. La expansión creciente de los derechos –espoleada
por la demanda electoral de unos partidos en perpetua búsqueda y captura de
clientela– y el abandono y ocaso de los deberes ciudadanos han contribuido,
al lado de otras cuestiones más estructurales, a la crisis del Estado social y a la
búsqueda de soluciones para evitar su desmantelamiento y quiebra, en medio
de una brutal crisis económica, financiera y social, de dimensiones globales
que superan la ya mítica del año 29 del pasado siglo.
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