LA METAMORFOSIS DE LA IDEOLOGÍA - El Corte Inglés

los derechos básicos de la ciudadanía. Tal vez de esta guerra peculiar surja
un avance, no sólo en la seguridad, sino en los derechos de los ciudadanos,
para dar pábulo a la vieja observación de Thomas Jefferson: “el árbol de la
libertad debe ser regado de tanto en tanto con la sangre de patriotas y tiranos”.
Esperemos que sea la libertad y no la tiranía quien salga favorecida de la
nueva cruzada contra el terrorismo. En el orden que afecta a la sociedad
del bienestar, las palabras de Habermas van en una dirección plausible: “A
las consecuencias no deseadas de las prestaciones del Estado Social sólo puede
hacerles frente una política de cualificación del papel del ciudadano, por la que
los derechos a percibir prestaciones sociales queden basados únicamente en un
status de ciudadano que garantice simultáneamente la autonomía privada y la
autonomía pública” (43).
Precisamente, el desarrollo del Estado Social implica que deja de tener
sentido la oposición entre el derecho privado, como ámbito de la libertad individual,
frente al derecho público como marco de la actuación coercitiva del
Estado. La nueva Constitución democrática establece una supremacía normativa
sobre todo el derecho privado, y sus disposiciones dejan de ser declaraciones
de principios y orientaciones para el legislador, para convertirse en normas
de aplicación práctica, con prioridad sobre las demás leyes en la jerarquía normativa.
La Constitución democrática, en cuanto emanación de la soberanía
del pueblo, se convierte en la norma suprema, que define las fuentes formales
del derecho y los límites de la actuación del legislador. Tal y como dice García
de Enterría con referencia a la vigente Constitución española, se trata “de una
norma jurídica efectiva, aplicable por sí misma”, a la que están sujetos todos los
ciudadanos y poderes públicos (44). Esta idea de la Constitución coincide
con el desplazamiento del modelo liberal del derecho al nuevo modelo ligado
al Estado Social, que Herman Heller comenzó a formular a finales de los
años veinte, en plena crisis del parlamentarismo y de la expansión por toda
la Europa continental de las ideas del fascismo y del corporativismo. Heller
contempló la degeneración de la idea del Estado de Derecho y del imperio de
la ley en los medios sociales de la burguesía, asustados por lo que consideraban
una amenaza y un riesgo básico: que el poder legislativo popular, derivado del
sufragio universal, transformara en predominantemente social la concepción
liberal del Estado de Derecho. Ante esa alarma, la solución, pensaba Heller,
no está en renunciar al Estado de Derecho y dar paso a la irracionalidad fascista;
la solución viene por la vía de dar al Estado de Derecho un contenido
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