Fallo completo - Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo

Segunda instanciaProceso 2008-00025Relata los pormenores de la privación efectiva de la libertad delprocesado, resaltando que fue ordenada su reclusión en un pabellónespecial de la Picota en Bogotá, pero que esa orden de la jueza fueburlada por el INPEC, contrariándose también el artículo 22 del Códigode Procedimiento Penal.Su reclusión en una guarnición militar le ha permitido al procesadoburlar el cumplimiento de la medida y ahora de la pena, cuyas funcionesestán claramente establecidas en el artículo 4º del estatuto penal.Resalta que dichas funciones de la pena se hacen más exigiblestratándose de delitos de lesa humanidad. Dicha situación del privado dela libertad contraría los instrumentos internacionales de derechoshumanos –Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada,artículo 3º y 4º de la Declaración sobre la Protección de todas lasPersonas contra las Desapariciones Forzadas-; normas que alconfrontarse con el artículo 93 constitucional, exigen penas apropiadas,en tanto la extrema gravedad del delito, que se extiende a la ejecuciónde la pena.En este sentido se ha pronunciado la Corte Interamericana de DerechosHumanos en el ya varias veces citado caso Cepeda Vargas vs. Colombia,para relievar que también la ejecución de la pena puede ser generadorde impunidad.En el país hay centros de reclusión destinados para miembros de laFuerza Pública, donde debe purgar su pena y no en una guarniciónmilitar, en tanto responsable de graves violaciones a los derechoshumanos. Esta situación afecta también las garantías judiciales de lasvíctimas de contar con un juez o tribunal competente, independiente eimparcial que garantice dichos derechos.En este caso, el juez o tribunal debe ser de orden civil, no militar, puescomo lo señalan los instrumentos internacionales de derechos humanos,esta clase de violaciones de los derechos humanos no pueden serjuzgados por esas autoridades, como lo ha reseñado la Comisión136