Fallo completo - Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo

Segunda instanciaProceso 2008-000257.2.1.2. Corte Constitucional: El Tribunal Constitucional, al revisaroficiosamente la exequibilidad de la Ley 707 del 28 de noviembre de2001 „Por medio de la cual se aprueba la Convención Interamericanasobre Desaparición Forzada de Personas‟” hecha en Belem do Pará, el 9de julio de 1994 511 , señaló que: “… El presente tratado tiene comoobjeto especificar las obligaciones que tienen los Estados dentro delsistema interamericano de protección de los derechos humanos enrelación con la desaparición forzada de personas. Como lo ha reconocidola Corte Interamericana de Derechos Humanos, aun en ausencia de untratado que las especifique, la gran mayoría de las obligacionesestatales en relación con la desaparición forzada de personas provienedel reconocimiento mismo de los derechos humanos. De tal forma, elsolo reconocimiento de ciertos derechos, bien sea a través de lacostumbre, de las normas convencionales, o de cualquiera de lasfuentes de derecho internacional contempladas en el artículo 38 delEstatuto de la Corte Internacional de Justicia o reconocidas por lajurisprudencia internacional, obliga a los Estados a crear los mecanismosnecesarios para garantizar su eficacia dentro de sus respectivasjurisdicciones…”.A continuación precisó: “… A pesar de que la presente Convención noconstituye en estricto sentido un tratado de derechos humanos sino másbien un mecanismo de erradicación del delito, comparte con aquellos elmismo fin protector de los derechos esenciales de las personas. En talmedida, puede afirmarse que desde un punto de vista teleológico laConvención reconoce los derechos humanos y establece mecanismosque contribuyen en gran medida a su protección. (…) Este delito debeantecedentes delictuales para vulnerar sin temor a la ley sus derechos fundamentales.” Sentencia proferidapor la Sección Tercera del Consejo de Estado, el 11 de septiembre de 1997, expediente 11.600.“En síntesis, frente a los retenidos el Estado tiene una obligación específica de protección y seguridad,porque éstos se encuentran en una situación de particular sujeción, en razón de la cual ven limitados susderechos y libertades y la autonomía para responder por su propia integridad y por lo tanto, deben gozar delpleno amparo de las autoridades frente a los posibles daños y peligros que los amenacen./ “Las obligacionesque asumen las autoridades de la República frente a los retenidos son de dos clases: 1) de hacer, esto es, deprever y controlar los peligros que pueda sufrir una persona retenida desde el momento mismo en que seproduce la privación material de la libertad, hasta el momento en que ella es devuelta a la sociedad y 2) deno hacer, referida a la abstención de cualquier conducta que pueda vulnerar o poner en peligro los derechosque no hayan sido limitados con la medida cautelar.” Sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejode Estado el 22 de abril de 2004, expediente 14240.511 Corte Constitucional, sentencia C-580/02.444