Fallo completo - Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo

Segunda instanciaProceso 2008-00025en ese entonces, que se aplicaran las mismas tácticas y estrategiastanto militares como de policía, porque en el centro de ellas estuvo ladesatención por la vida humana de los rehenes y de los combatientessubversivos que heridos o enfermos declinaron sus armas.En un Estado organizado como una democracia social de derecho, lasolución militar de un caso como éste no puede implicar el sacrificioinnecesario o aleatorio de vidas humanas de civiles ajenos al conflicto nide no combatientes, pues hacerlo violaría el esquema antropocéntricodel sistema jurídico adoptado en Colombia desde la Constitución Políticade 1886, vigente cuando ocurrieron los hechos.Respecto de las muertes en combate, la Sala Mayoritaria observa que enel desempeño de esta operación militar no se observaron normasmínimas del Derecho Internacional Humanitario que establecen la cargapara las fuerzas del Estado que atacaron a los miembros del grupoinsurgente M-19 dentro del Palacio de Justicia. Tales normas y principiosdisponen que en un ataque militar contra personas y cosas militares deladversario, cuando estos se encuentran vinculados o mezclados junto apersonas y cosas civiles no beligerantes, éstas tienen un amparoespecial por ese régimen jurídico, y por lo tanto el ejército que atacadebe desarrollar su acción bélica procurando reducir al mínimo factibleel daño colateral a las personas y a la cosas civiles, situación en la quela magnitud del ataque no debe desbordar el nivel que marca elconjunto de derechos que protegen a rehenes o terceros civiles.Estas normas del Derecho Internacional Humanitario están previstos enlos artículos 48 y 57 del Protocolo I adicional a los convenios de Ginebrade 1949. La primera norma citada dice: ”… a fin de garantizar el respetode la población civil y de los bienes de carácter civil, las partes enconflicto harán distinción en todo momento entre población civil ycombatientes, y entre bienes de carácter civil y objetivos militares y, enconsecuencia, dirigirán sus operaciones únicamente contra objetivosmilitares” (subraya agregada). Esto significa que la legitimidad de lafuerza empleada está sujeta a su legalidad, que a su vez proscribe la543