Fallo completo - Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo

Segunda instanciaProceso 2008-00025de delitos de lesa humanidad 692 , y, por ejemplo, si sus conversacionesson escuchadas o grabadas por cualquier persona y éste las aporta a unproceso, las acciones del buen ciudadano no puede ser objeto depersecución penal y el documento (la grabación) podrá ser valoradoprobatoriamente dentro la respectiva actuación.Esto es así porque cuando un agente estatal utiliza las herramientas quele ha entregado el Estado para el cumplimiento de sus actividades, tienela obligación de darles un fin lícito y no podrá ampararse en que suderecho a la intimidad se vulnera cuando utiliza los medios estatales conel propósito de cometer delitos de lesa humanidad.Solamente los regímenes que patrocinan holocaustos, como elnacionalsocialista alemán, o en los que se desarrolla la prácticasistemática del terrorismo de Estado 693 , permiten que sus agentesdesarrollen impunemente actividades delictivas utilizando el propioaparato estatal. Pero en Colombia, donde la Constitución Política imponea los jueces velar por el respeto y promoción de los derechosfundamentales, la judicatura no puede desentenderse ante los agentesestatales que en el ejercicio de sus cometidos se guían por el “todo vale”que quiebra la institucionalidad y deslegitima las funciones estatales 694 .692 Se destaca que en los delitos de lesa humanidad, como ocurre con la desaparición forzada, se está antepunibles cuyo ámbito de protección va más allá de los bienes jurídicos individuales afectados, como lo son lalibertad individual, la integridad física-psicológica y al vida, porque este tipo de acciones finalmente tambiénproducen lesión a la seguridad, el derecho a la personalidad jurídica y a la prohibición a no ser sometido apenas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Por ello es que en la Declaración sobre la Protección deTodas las Personas contra las Desapariciones Forzosas se dice que "las desapariciones forzosas afectan losvalores más profundos de toda sociedad respetuosa de la primacía del derecho, de los Derechos Humanos yde las libertades fundamentales, y que su práctica sistemática representa un crimen de lesa humanidad". Enla sentencia C-394/07, la Corte Constitucional expresa que la «consagración constitucional de la prohibiciónde cometer el acto de desaparición forzada de personas es una manifestación del compromiso internacionaldel Estado de defender los derechos humanos de los habitantes del territorio nacional en el marco de lacondena a conductas que violan una multiplicidad de garantías fundamentales como la integridad, laseguridad y la libertad personales, la vida digna y todas aquellas que se ven afectadas con la retenciónarbitraria».693 La ejecución sistemática de delitos como la tortura, desaparición forzada, apropiación de menores,etcétera, contra la sociedad civil ha sido calificada por la jurisprudencia argentina como “terrorismo deEstado”. La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina ha dicho que la condena a los máximosresponsables del terrorismo de Estado tiene un valor preventivo respecto de la repetición deviolaciones a los derechos humanos (Véase la sentencia en la caso Simón), S. 1767 XXXVIII, 14 de juniode 2005, radicación 17.768. Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, providencia de 2 deseptiembre de 2009, radicación 29221.694 En la acción estatal de recuperación del Palacio de Justicia «se arrasó, al mismo tiempo, a casi uncentenar de personas entre las cuales se contaban once Magistrados de la corte y ocho funcionarios y562