Fallo completo - Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo

Segunda instanciaProceso 2008-00025El tipo de privilegio que abarcaría la inviolabilidad de las comunicacionesde los mandos militares durante la operación de recuperación del Palaciode Justicia, no corresponde al mismo que podría invocar un particularrespecto de sus comunicaciones, frente a otros particulares y frente alEstado, es decir, una las especies del derecho a la intimidad (un ámbitoque la persona reserva para sí, apartándola del conocimiento deterceros), que se desarrolla a través de la inviolabilidad de lascomunicaciones.En el caso concreto, ese privilegio no se refiere a la intimidad porque losprotagonistas de esas comunicaciones no las dotaron de contenidospersonales, bajo el entendido que ellas versaban sobre información yórdenes militares para conducir las tropas a la consecución de un fin debatalla. Además, lo hicieron, en principio, para cumplir funciones de suempleo estatal, y por medio de equipos estatales. De este modo lafinalidad de una reserva de tales comunicaciones solo puede estarreferida a que dichas comunicaciones no se conocieran para que laefectividad de las órdenes que se impartían no se afectara ni segenerara un riesgo para la seguridad del personal que debía,materialmente, cumplir la misión de batalla. Fuera de ese ámbito, talreserva no tendría sentido democrático, es decir, de derecho.Tampoco se observa que en esas comunicaciones haya temas queversen sobre la seguridad nacional ni tampoco un secreto de Estado,que justificara prolongar en el tiempo ese privilegio, de modo que deconocerse se generaría un efecto negativo en la estabilidad de lasinstituciones o un pánico o descrédito colectivo con el compromiso delempleados de esa misma corporación y del consejo de Estado y, “protegiendo las instituciones”, sedesinstitucionalizó la rama judicial generando horrendos y justificados temores entre los miembros que laconforman y falta de confianza entre la ciudadanía respecto de la fortaleza institucional de la rama judicial,en un proceso de deslegitimación que no termina aún./ La atropellada cadena de circunstancias, dolorosasunas, escandalosas otras, gravísimas todas, que presencia inerme la ciudadanía, ha impedido que se evalúenconcienzudamente las desastrosas secuelas que, en todos los órdenes, dejaron y siguen produciendo loshechos atroces que aquí se juzgan y cuya sola descripción horroriza el espíritu y contrista el alma de unpueblo noble como el Colombiano, todo a contrapelo de cualquier idea de civilización./ Lo dicho muestrahasta qué punto es desacertado invocar la soberanía Estatal como justificante de la acción cuestionada ycomo fundamento de una pretendida irresponsabilidad patrimonial». Cfr. Consejo de Estado, Sala de locontencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 2 de febrero de 1995, radicación 9273.563