Fallo completo - Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo

Segunda instanciaProceso 2008-00025destacarse además que “de acuerdo con la Declaración sobre laprotección de todas las personas contra las desapariciones forzadas,aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas medianteResolución Nº 47/133 del 18 de diciembre de 1992 ninguna orden oinstrucción de autoridad pública, sea civil, militar o de otra índole, puedeser invocada para justificar una desaparición forzada, y enconsecuencia, toda persona que reciba tal orden o tal instrucción tieneel derecho y el deber de no obedecerla (art. 6.1)” 507 . (…) De igualmanera, en la legislación nacional, el artículo 12 de la Carta Políticaestablece que "nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas nia tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes” y en el artículo 165de la ley 522 de 2001 -Código Penal- en cumplimiento de loscompromisos internacionales adquiridos por el país, tipificó el delitoautónomo de desaparición forzada en estos términos: “El particular queperteneciendo a un grupo armado al margen de la ley someta a otrapersona a privación de su libertad cualquiera que sea la forma, seguidade su ocultamiento y de la negativa a reconocer dicha privación o de darinformación sobre su paradero, sustrayéndola del amparo de la ley,incurrirá en prisión de veinte (20) a treinta (30) años, multa de mil(1000) a tres mil (3000) salarios mínimos legales vigentes y eninterdicción de derechos y funciones públicas de diez (10) a veinte (20)años” 508 . (…) Así mismo, la Sección Tercera del Consejo de Estado, endiferentes oportunidades 509 , ha condenado por el delito de desapariciónforzada debido a que las autoridades públicas tienen la obligación develar por la integridad y seguridad del ciudadano, cuando este seencuentra bajo su custodia y vigilancia en razón a una privación de lalibertad…” 510 .desaparición forzada de personas se entenderá la aprehensión, la detención o el secuestro de personas porun Estado o una organización política o con autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa ainformar sobre la privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, conla intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado”.507 A este respecto, ver sentencia de la Corte Constitucional C-551/01.508 Sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado el 22 de abril de 2004, expediente14.240.509 Ver, entre otras, las siguientes sentencias: 11.600 del 11 de septiembre de 1997, 13.745 del 23 deagosto de 2001, 13.922 del 4 de diciembre de 2002, 21.266 del 7 de febrero de 2002, 18.812 del 28 denoviembre de 2002 y 14.997 del 4 de diciembre de 2006.510 “En varias oportunidades la corporación ha sostenido que cuando las autoridades en ejercicio de susfunciones retienen a un ciudadano adquieren la obligación para con él, de una parte, de velar por suseguridad e integridad personal y, de otra, la de regresarlo al seno de su familia en similares condiciones alas que se encontraba al momento de ser privado de la libertad, todo lo cual implica tratarlo dignamente porsu mera condición de persona sin que valga alegar excusa alguna como puede ser el hecho de sus443