Fallo completo - Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo

Segunda instanciaProceso 2008-00025sobrepasan el ámbito del interés individual de las víctimas. Por elcontrario, constituyen verdaderos intereses generales de carácterprevalente en los términos del artículo 1º de la Carta Política. (…) Enefecto, el conocimiento público de los hechos, el señalamiento deresponsabilidades institucionales e individuales y la obligación dereparar los daños causados son mecanismos útiles para crear concienciaentre las personas acerca de la magnitud de los daños causados por eldelito. En esa medida, son también mecanismos de prevención general yespecial del delito, que sirven para garantizar que el Estado no apoye,autorice o asuma una actitud aquiescente frente a tales conductas. Engeneral, la acción penal en los casos de desaparición forzada depersonas es un mecanismo a través del cual se establecenresponsabilidades institucionales que llevan a que el Estado se sujete alderecho en el ejercicio de la fuerza, y a hacer efectivo el deber de lasautoridades de proteger y garantizar los derechos fundamentales…” 512 .Sobre el ejercicio de este mecanismo judicial para garantizar el bienjurídico protegido por este tipo penal, dijo: “… En esa medida, frente auna desaparición forzada de personas, la acción penal es el medio máseficaz para proteger los intereses en juego, y su imprescriptibilidad esun mecanismo que en determinadas circunstancias puede resultarnecesario para establecer la verdad de los hechos y para atribuirresponsabilidades individuales e institucionales. En tal medida, frente ala garantía de seguridad jurídica y de recibir pronta justicia, es necesarioentonces concluir que prevalecen el interés en erradicar el delito dedesaparición forzada y en reparar a las víctimas. (…) Así, comoconclusión del análisis precedente, la Corte establece que la regla deimprescriptibilidad de la acción penal por el delito de desapariciónforzada, contenida en el inciso primero del artículo 7 de la Convención,512 En casos de desaparición forzada los mecanismos como las comisiones de la verdad de carácterinternacional, gubernamental, o privado han contribuido a la erradicación de dicha práctica. En particular,pueden citarse los casos del informe “Nunca más”, presentado por la llamada “Comisión Sábato” enArgentina, la cual aunque era de naturaleza privada, fue apoyada por el gobierno de entonces, y sirvió comobase para el juzgamiento de algunos mandos militares por delitos cometidos durante la dictadura Videla. Asímismo, en cumplimiento del Acuerdo de Paz entre el gobierno y el FMLN en El Salvador, la Asamblea Generalde la ONU creó una “Comisión para la verdad en El Salvador”, presidida por THOMAS BUERGENTHAL expresidentede la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual publicó los nombres de losresponsables de las diversas violaciones de derechos humanos durante el conflicto salvadoreño, originandocon ello un proceso de responsabilidad individual e institucional.446