TESIS DOCTORAL - Instituto de Migraciones

(…) 5. Se impondrán las penas superiores en grado a las previstas en los
apartados 1 a 4 de este artículo, en sus respectivos casos, e inhabilitación
especial para profesión, oficio, industria o comercio por el tiempo de la condena,
cuando el culpable perteneciera a una organización o asociación, incluso de
carácter transitorio, que se dedicase a la realización de tales actividades (…)”
Determinar conductas tales como el favorecimiento y la facilitación del
tráfico no es nada sencillo. La redacción jurídica sobre estas cuestiones
debería ser lo más precisa posible y la verdad, es que cada vez más tiende
hacia una peligrosa ambigüedad 175 . ¿Qué tipo de acciones y qué sujetos
activos se incluyen en esta clase de delitos? ¿las acciones cometidas por
organizaciones mafiosas? ¿de qué tipo de organizaciones estamos
hablando, de las que utilizan claramente el engaño y la extorsión o también
de aquellos entramados que se dedican exclusivamente a reclutar
trabajadores para la industria del sexo con el consentimiento de los
mismos? ¿el dueño de un club de alterne o de un piso de contactos que
ofrece una carta de invitación a una ciudadana extranjera para trabajar en
su negocio es realmente un traficante? La respuesta a todas estas preguntas
no es unívoca ni pacífica. Frente a una generalizada e interesada confusión
en nuestro derecho interno 176 , algunos autores proponen clasificaciones
conceptuales aclaratorias donde se diferencie el tráfico de la trata de
personas, diferenciación que sí aparece reflejada en la normativa
internacional 177 . Por ejemplo, Storini (2007) distingue el tráfico de
migrantes (smuggling) de la trata (trafficking) incluyendo en el primer grupo
a los que solicitan de forma voluntaria a las organizaciones criminales sus
servicios para emigrar de manera clandestina, mientras en la trata las
personas pierden su capacidad de autodeterminación, siendo secuestradas o
vendidas y luego traficadas por las organizaciones criminales (Storini,
2007: 328) 178 . Pero, a pesar de la conveniencia de proceder a una previa
175
Para una extensa crítica del tenor literal del artículo 318 bis del Código Penal y su sentido expansivo
ver Pérez Cepeda y García Arán (2006).
176
Paz Lloria (2007) ofrece una crítica de esta confusión conceptual característica de las últimas
reformas de nuestro Código Penal, en lo que esta autora considera una clara manifestación de “la
utilización política del poder punitivo” (Lloria en Serra coord., 2007: 324). Coincido totalmente con ella
en este sentido y considero, además, que desgraciadamente esta es la tónica general de la evolución del
derecho penal español en las últimas décadas, donde la falta de rigor y los intereses políticos partidistas
suplantan a la necesaria investigación criminológica que fundamente científicamente cualquier reforma
en el ámbito penal que se pretenda socialmente efectiva.
177
Convención de Naciones Unidas contra la criminalidad organizada (Palermo, 2000) y sus
consiguientes Protocolos, donde se distingue entre trafficking of human beings (tráfico de seres
humanos) y smuggling of emigrants (contrabando de inmigrantes).
178
Storini admite supuestos intermedios como el smuggling-traficking (los que acuden libremente a la
criminalidad organizada y ante la falta de medios se convierten en víctimas) y el traficking-smuggling
(los que aceptan las condiciones abusivas de este tipo de organizaciones ante la falta de alternativas para
salir de una situación de extrema pobreza). Una diferenciación conceptual entre tráfico ilegal y trata de
personas también puede encontrarse en las conclusiones del artículo de Irene López Méndez “El derecho
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