TESIS DOCTORAL - Instituto de Migraciones

en particular la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social, así como el Reglamento que
la desarrolla aprobado por Real Decreto 2393/2004 donde se regulan los
diferentes supuestos de acceso a una autorización de residencia. A pesar de
que la legislación en materia de extranjería omite cualquier referencia al
trabajo sexual (que no reconoce en ningún caso y que por tanto no es
válido a efectos de una posible regularización), existe una realidad social
contrastada en cuanto al hecho de que la mayoría de trabajadoras sexuales
en activo en nuestro país son extranjeras, al igual que sucede en otros
ámbitos laborales de baja cualificación (empleadas domésticas, cuidadoras
de niños y ancianos, etc). A causa de ello muchas trabajadoras sexuales
siguen atentamente la evolución de toda la normativa vigente en materia de
extranjería dado que les afecta muy directamente.
Por otro lado, pertenecen también al derecho administrativo toda una serie
de normas de ámbito autonómico y local que tratan de regular
(reglamentar) directa o indirectamente el trabajo sexual. Las más
importantes son el Decreto 217/2002, de 1 de agosto, por el que se regulan
los locales de pública concurrencia donde se ejerce la prostitución, de la
Generalitat de Cataluña 355 ; la Orden PRE/335/2003, de 14 de julio, por la
que se aprueba la ordenanza municipal tipo sobre los locales de pública
concurrencia donde se ejerce la prostitución, también de la Generalitat de
Cataluña; la Ordenanza local de 12 de mayo de 1999 sobre
establecimientos públicos dedicados a la prostitución, del Ayuntamiento de
Bilbao; y la Ordenanza local de 23 de diciembre de 2005, de medidas para
fomentar y garantizar la convivencia en el espacio público de Barcelona,
del Ayuntamiento de Barcelona. Como ya se comentó anteriormente, toda
esta normativa se identifica con el modelo reglamentista, donde existe
cierto reconocimiento de la actividad pero fundamentalmente se persigue
el control de la misma. Dicho control se realiza a través de las prácticas de
zonificación, estableciendo determinadas áreas donde se permite y tolera el
trabajo sexual (Mestre, 2004) y a través de la imposición de determinadas
condiciones de carácter urbanístico (apertura de licencias, distancias
mínimas entre locales, etc) y de orden público (horarios, requisitos
higiénico-sanitarios, etc) que prescriben lo que está permitido y lo que no.
La legislación laboral en España nada dice expresamente sobre el trabajo
sexual. Actualmente no es posible realizar oferta o contrato laboral alguno
bajo esta premisa y mucho menos todavía facilitar la regularización de una
trabajadora sexual en situación irregular por esta vía. Al considerarse la
prostitución una actividad ilícita el ámbito laboral se halla
355 Sobre la situación en Cataluña ver Fábregas (2007).
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