TESIS DOCTORAL - Instituto de Migraciones

introduce este nuevo tipo delictivo es enorme e injustificada, proponiendo
un tratamiento penal conjunto para figuras tan heterogéneas como
traficantes, proxenetas, dueños de clubes, encargados, madames de pisos,
arrendadores, etc. Es a todas luces un ejemplo de clara vulneración del
principio de intervención mínima que debe de regir siempre el derecho
penal en aras de la moda neo-moralista del pánico moral y de lo
políticamente correcto en que estamos sumidos. Y es al mismo tiempo una
evidencia de la impregnación ideológica conservadora que sufre nuestro
vigente Código Penal y que afecta a variados bienes jurídicos protegibles,
no sólo a lo directamente relacionado con la prostitución sino a todo lo que
de algún modo se halla relacionado con la sexualidad y el género, dando
lugar a un eterno proceso de construcción socio-jurídica de “víctimas” y
“delincuentes”, estos últimos elevados a la nueva categoría de terroristas
de Estado para los cuales no va a haber beneficio de redención. Y ello
porque: “Siempre en la misma línea resulta correcto, para un cierto modo
de pensar, utilizar el derecho penal como instrumento para reequilibrar la
sociedad históricamente desequilibrada en detrimento de la mujer, aunque
para ello haya que pisotear los principios generales del derecho” (Quintero
Olivares en García Arán coord., 2006: 186).
La cuestión no es baladí, pues estamos hablando ni más ni menos que de
un proceso de destrucción sistemática del modelo de garantías materiales y
procesales en la intervención penal bajo la excusa de combatir la
delincuencia de carácter transnacional y el tráfico de personas “para dar
paso a un nuevo modelo caracterizado entre otros por rasgos como el
protagonismo de la delincuencia clásica, la prevalencia del sentimiento
colectivo de inseguridad ciudadana, la sustantividad de los intereses de la
víctima que en general se presentan como contrapuestos a las garantías
procesales de los imputados, el populismo y la politización en la
generación de las normas penales, el traslado del debate punitivo a los
medios de comunicación, la revalorización del componente aflictivo de la
pena y el redescubrimiento de la prisión, la ausencia de recelo de la
sociedad ante el poder sancionatorio del Estado, la quiebra de los modelos
racionales de respuesta al fenómeno de la delincuencia, el triunfo de la
idea de la “emergencia” que pretende dejar fuera del edificio garantista a
determinados colectivos (terroristas, inmigrantes, proxenetas, etc), la
aparición del llamado “derecho penal del enemigo” y la expansión del
derecho penal” (González Zorrilla en García Arán coord., 2006: 294-295).
Por otra parte, la misma Ley Orgánica 11/2003 introduce un nuevo título,
el XV bis, denominado “Delitos contra los derechos de los trabajadores”
donde los tres primeros apartados del artículo 318 bis señalan lo siguiente:
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