TESIS DOCTORAL - Instituto de Migraciones

marginales (barrios chinos, toxicómanas) o se preocupa fundamentalmente
del tráfico, por lo que las campañas de prevención y sensibilización en
temas específicos de salud son claramente insuficientes. A todos estos
problemas se añade el de la múltiple dependencia administrativa en la
tramitación de la tarjeta sanitaria que se ve agravado a consecuencia de la
alta movilidad geográfica que caracteriza el trabajo sexual (Malgesini,
2006).
De los 63 cuestionarios analizados se obtiene el siguiente resultado: 4
trabajadoras sexuales de nacionalidad colombiana no disponen de tarjeta
sanitaria alguna en el momento de la elaboración de la encuesta, mientras
que entre la población brasileña hay 21 casos en esta misma situación. Esta
diferencia tiene su explicación en la sucesión cronológica de los flujos
migratorios, anterior el de colombianas y posterior el de brasileñas, siendo
este último proceso especialmente intenso a partir del año 2000, con lo
cual es comprensible que haya un mayor porcentaje de trabajadoras
sexuales colombianas con la tarjeta sanitaria que no de brasileñas al llevar
estas últimas menos tiempo en el país y encontrarse muchas de ellas
todavía en situación irregular. Ello, lógicamente, también influye en el
efectivo acceso a los servicios sanitarios. Así, 10 de las mujeres brasileñas
encuestadas afirman no haber acudido nunca a un servicio de salud, frente
a un único caso entre mujeres colombianas. En la práctica, muchas
trabajadoras sexuales acuden a consultas médicas privadas en un intento de
evitar cualquier obstáculo o actitud discriminatoria por su condición de
inmigrantes irregulares o bien por su actividad laboral. En este sentido,
muchas de ellas afirman haber tenido una mala experiencia con los
servicios de salud donde fueron tratadas con desprecio y falta de
consideración o respeto.
Si bien es cierto que el sistema nacional de salud admite la atención
facultativa universal, amparando a cualquier ciudadano que la precise en
caso de urgencia y también que en los diferentes centros de salud pública
suele haber un asistente social encargado de informar y facilitar los
trámites para la obtención de una tarjeta sanitaria, en la práctica se
producen con frecuencia toda una serie de distorsiones y obstáculos que
pueden traer como resultado la ineficacia de ese derecho. Se tiene así
constancia de varios ejemplos, desde emisión de información
contradictoria a incluso amenazas verbales. Además, la práctica policial
cada vez más habitual de retener el pasaporte como medida cautelar en los
procedimientos administrativos sancionadores en aplicación de la
normativa de extranjería dificulta e impide luego cualquier tentativa de
tramitación de la tarjeta sanitaria al exigirse previamente el
empadronamiento a la solicitud y denegarse aquél ante la ausencia del
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