TESIS DOCTORAL - Instituto de Migraciones

empresarios que firmaban los contratos, etc) y que luego, al cumplir los
tres años de permanencia en nuestro país, accedieron de esta forma a un
permiso de residencia. No obstante, las trabajadoras sexuales se enfrentan
al mismo escollo que en cualquier otro procedimiento de solicitud de
permiso de residencia y trabajo al ser un requisito exigible la presentación
de un contrato de trabajo que acredite medios de vida suficientes en el
país 373 .
Y por último, se encuentra la posibilidad de regularización que contempla
la normativa de extranjería para el caso de colaboración con las
autoridades policiales y judiciales en la persecución de delitos (art. 59 LO
4/2000 y art. 46 Reglamento de Extranjería), cauce que se conoce como de
la delación administrativa (García España, 2007) 374 , y que ha venido
degenerando en un mero instrumento de investigación policial (Storini,
2007) con absoluto desprendimiento hacia la situación real, necesidades de
protección e integración social de la víctima 375 . La solicitud de
colaboración a cambio de la posibilidad de una regularización de la
situación jurídica de la víctima se produce siempre en un marco de
capacidad de negociación desigual en la que son fáciles los abusos y las
confusiones (García Arán, 2006) y donde el interés por la víctima se
mantiene por parte de las autoridades policiales y judiciales en tanto sirva
exclusivamente a sus objetivos. Es, además, una clara consecuencia y
manifestación del enfoque trafiquista, que ahonda en el proceso de
victimización de las mujeres migrantes (Mestre, 2005) 376 .
373 En el último año (2009) los expedientes de solicitud de arraigo social (Lugo capital) deben de
presentarse en la comisaría de policía, hecho que es aprovechado oportunamente por los agentes del
grupo de extranjeros para incoar expedientes sancionadores a todos los solicitantes.
374 Esta autora hace una exposición desde una perspectiva estrictamente jurídica del ámbito de aplicación
y de las condiciones que exige la ley para el caso de la colaboración de la “víctima” con las autoridades
españolas (García España, 2007: 159-168).
375 Coincido con las críticas de Claudia Storini en relación con la normativa española sobre colaboración
con la justicia. Durante mi trabajo de campo he podido observar que la policía y la guardia civil se sirven
habitualmente de este cauce legal con el único fin de “reclutar” testimonios que puedan fundamentar sus
particulares investigaciones policiales. También existe la contrapartida, esto es, el caso de la
inmigrante/trabajadora sexual en situación irregular que pretende sacar beneficio personal de una
denuncia falsa frente a supuestos proxenetas o traficantes, sin reparar en el daño que pueda causar hacia
sus compañeras. De los relatos biográficos de Cinthia, Erika y Vanesa puede obtenerse valiosa
información en este sentido.
376 Como bien advierte esta autora en relación con la denuncia prevista en la normativa de extranjería:
“implica que las mujeres han de reconocerse como víctimas dos veces: tienen que negar haber querido
migrar para mejorar sus vidas y tienen que negar haber decidido ganarse la vida en la industria del sexo”
(Mestre, 2005: 156).
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