TESIS DOCTORAL - Instituto de Migraciones

Por otra parte, el artículo 1.544 del Código Civil define el contrato de
arrendamiento de servicios 360 , donde expresamente se señala que:
“En el arrendamiento de obras o servicios, una de las partes se obliga a ejecutar
una obra o a prestar a la otra un servicio por precio cierto.”
Con lo que el contrato por el que se obligan trabajadora sexual y cliente
tiene fácil encaje en este ámbito jurídico general, de no ser por lo
preceptuado en el Capítulo II del Título II del Código Civil en relación con
los requisitos esenciales para la validez de los contratos y concretamente
los artículos 1.271 y 1.275 que hacen referencia expresa a la moral y las
buenas costumbres convirtiendo de esa manera un contrato perfectamente
lícito en ilícito o nulo de pleno derecho 361 .
Finalmente, señalar que el ordenamiento jurídico español no contempla
tampoco la posibilidad de fiscalizar los rendimientos provenientes del
trabajo sexual. Y ello a pesar de la muy evidente actividad económica que
mueve la industria del sexo a nivel nacional. Así, según datos obtenidos a
través del Informe ESCODE 2006 teniendo en cuenta tan sólo los
posibles mayores ingresos por IVA e IRPF el impacto positivo derivado de
la normalización de la prostitución ascendería al 0,53 %. Esto es hasta
cierto punto lógico desde el momento que la prostitución no se considera
legalmente un trabajo y permanece por tanto bloqueado el acceso al ámbito
laboral a la actividad de la prostitución. No existen derechos laborales y
sociales y tampoco hay sujeto imponible. Sin embargo, esto es también
una verdad a medias pues son muchas las trabajadoras sexuales que en
nuestro país se han refugiado bajo el paraguas de diversas actividades
laborales reconocidas para poder acceder de esta forma indirectamente a
las cotizaciones a la seguridad social y a los derechos sociales inherentes.
Así, por ejemplo, durante el último período de regularización
extraordinaria de inmigrantes que tuvo lugar en 2005 una proporción
significativa de trabajadoras sexuales (aunque difícil de cuantificar)
consiguieron el tan ansiado permiso de residencia y trabajo gracias a la
firma de un contrato en los sectores de empleo doméstico y de la
hostelería, contratos ficticios o “blancos” todos ellos pero que sirvieron
360 Para Sylvia Gay la fórmula del trabajo autónomo es una fórmula jurídica a tener en cuenta por las
trabajadoras sexuales. “Este trabajo libre y voluntario, personal, por cuenta propia, independiente y con
precio, establece una relación jurídica civil mediante un contrato de arrendamiento de servicios en el que
la prostituta es la arrendadora y el cliente el arrendatario” (Gay en Serra coord., 2007: 131).
361 Ver Maqueda, 2009: 107-114.
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