TESIS DOCTORAL - Instituto de Migraciones

que más ha discrepado del modelo abolicionista en atención a la baja
efectividad mostrada ante los programas de prevención de la enfermedad.
En el caso de España, y desde mediados del siglo XX, el modelo imperante
ha sido también el abolicionista. Cierto que nuestro país ratificó en 1962 el
Tratado de Lake Sucess lo que derivó a su vez en la reforma del Código
Penal de 24 de enero de 1963 que adecuaba los tipos penales al contenido
del citado convenio internacional. Sin embargo, España nunca ha cumplido
íntegramente con las exigencias del sistema abolicionista, introduciendo
también algunos aspectos del prohibicionismo o del reglamentarismo
(Lousada Arochena, 2005) lo que le proporciona una singularidad propia a
nuestro ordenamiento jurídico.
Ejercer la prostitución en España no es delito. Pero, tampoco se trata de
una actividad reconocida legalmente por lo que la situación de indefensión
jurídica es constante para todos los actores sociales de la industria del
sexo, incluidas las trabajadoras sexuales. De todas formas y a pesar de esta
situación de alegalidad 353 (en el sentido de falta de una regulación integral,
clara y expresa) que caracteriza a la actividad del trabajo sexual, diferentes
áreas del derecho se hallan estrechamente vinculadas al respecto (y por lo
tanto, no le son indiferentes) como son el derecho penal, el derecho
administrativo (incluyendo toda la normativa autonómica y local) y el
derecho laboral. Otras áreas como el derecho civil y el derecho tributario
tampoco le son ajenas. Por desgracia, es precisamente el derecho penal el
que más atención dedica a la prostitución 354 con la tipificación expresa de
varios delitos en el capítulo V (delitos relativos a la prostitución y la
corrupción de menores) del Título VIII (Delitos contra la libertad e
indemnidad sexuales) del Código Penal de 1995, hasta el extremo que bien
puede afirmarse que la prostitución se halla efectivamente regulada en el
Código Penal. De esta forma, prostitución se relaciona corrientemente con
delincuencia lo que contribuye en gran parte a la criminalización y
estigmatización de todo lo concerniente al trabajo sexual.
Por su parte, el derecho administrativo guarda una singular importancia al
ser de esta naturaleza toda la normativa vigente en materia de extranjería,
353 Una crítica al régimen actual de alegalidad en González Zorrilla (2006) quien califica la situación
vigente de hipócrita, simplificadora, obstaculizadora en el proceso de visibilización de las situaciones
reales de explotación y que actúa a modo de refuerzo en la población de estereotipos que fomentan
actitudes de rechazo que asimilan el ejercicio de la prostitución con la delincuencia y la inseguridad
(González Zorrilla en García Arán coord., 2006: 263).
354 Ciertamente, el hecho evidente de que la única ley vigente en España (al igual que ocurre en muchos
otros países) que se ocupa extensamente de regular la prostitución sea precisamente el Código Penal
debería por sí solo llevarnos a una profunda reflexión. La inidoneidad del derecho penal como
mecanismo para regular la prostitución y/o la protección de los intereses de las mujeres ha sido ya
manifestada con anterioridad. Ver, así, Nicolás (2007).
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