TESIS DOCTORAL - Instituto de Migraciones

artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948
y el artículo 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de
1966, así como en el artículo 32 de nuestra Constitución Española de 1978.
El inconveniente es que la Dirección General se halla también colapsada y
tarda más de un año en resolver, por lo que la situación de inseguridad
jurídica se mantiene causando un grave perjuicio a la pareja.
A causa de toda esta serie de inconvenientes, los miembros de la pareja
prefieren muchas veces acudir a instancias de la iglesia católica con el fin
de celebrar el matrimonio de forma religiosa, tal y como refiere Pamela en
su relato. Los requisitos formales exigibles son menores y se limitan a la
presentación de la documentación pertinente (certificación de nacimiento,
certificación de soltería, empadronamiento) y su verificación en la
parroquia. No hay entrevistas y el control policial es inexistente. De todas
formas, algunas parejas no tienen esta posibilidad al hallarse divorciados y
haber contraído anteriormente matrimonio religioso; y por otro lado,
recientemente el Ministerio de Justicia ha presionado también en instancias
eclesiásticas con el fin de que se obstaculicen en mayor medida la
celebración de matrimonios mixtos para evitar bodas simuladas, lo que ya
está teniendo serias consecuencias en la práctica pues algunos sacerdotes
comienzan a solicitar antes que nada el permiso de residencia a la
ciudadana extranjera 386 .
No obstante, y a pesar de todos los escollos presentes a lo largo del
proceso matrimonial: encontrar un “partenaire”, adquisición de certificados
en país de origen, entrevistas, recursos, etc, la unión matrimonial sigue
siendo una de las pocas alternativas jurídicas de que se valen las
trabajadoras sexuales (y otros inmigrantes) para conseguir su definitiva
regularización en el país de destino. El bloqueo que se mantiene para las
trabajadoras de la industria del sexo en cuanto al acceso a un contrato
formal y de reconocimiento de su actividad se traduce en una búsqueda
constante de otros mecanismos para poder optar a los derechos de
ciudadanía más elementales. La vía matrimonial ofrece grandes ventajas a
este respecto: en primer lugar, la revocación de una orden de expulsión en
su caso y la obtención automática de un permiso de residencia al que se le
aplicará el régimen comunitario y con una validez de cinco años; en
segundo lugar, a partir de un año de vida del matrimonio se abre la
posibilidad de adquirir la nacionalidad española; y finalmente, la
posibilidad de reagrupación familiar.
386 En el marco de la operación “Carioca” se están practicando actualmente diligencias penales
encaminadas a averiguar si algunos sacerdotes de Lugo participaron en la celebración de matrimonios
“de conveniencia”. Los titulares de prensa son muy explícitos al respecto: “Investigan si algunos curas
casaron a prostitutas para que tuvieran papeles. El Obispado llegó a recibir una comunicación para que
aportase información sobre el asunto” (La Voz de Galicia, jueves 4 de febrero de 2010).
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