TESIS DOCTORAL - Instituto de Migraciones

por el procedimiento preferente y acompañado de la propuesta de orden de
expulsión, obviando en todo caso la jurisprudencia del más alto tribunal y
agilizando muchas veces los trámites con el fin de poder ejecutar
eficazmente la expulsión. De esta forma, se procede a la expulsión de
inmigrantes que no han cometido ningún delito, tan sólo la infracción
administrativa del art. 53.a) de la Ley de Extranjería tipificada como grave
y que puede asimismo sancionarse con multa. Al mismo tiempo el
procedimiento administrativo contempla una serie de alegaciones y
recursos pero todos estos trámites no suelen surtir efecto en la práctica por
varias razones (defectos en las notificaciones, desconocimiento de las
posibilidades de defensa del interesado, etc) con lo que la única salida
realmente efectiva es que agotada la vía administrativa se recurra a la
jurisdicción contencioso-administrativa, instancia donde la demanda de
atender la petición de sustitución de la expulsión por la multa sí puede ser
resuelta favorablemente. El único inconveniente (insalvable la mayoría de
las veces) es que la vía judicial contencioso-administrativa es una de las
más colapsadas y por lo tanto una de las más lentas a la hora de resolver.
Así por ejemplo, en Lugo existe un único juzgado contenciosoadministrativo
380 y los señalamientos para la celebración de una vista oral
se están demorando una media de dos años, tiempo más que suficiente para
que una orden de expulsión sea ejecutada por parte de la policía. Esta
circunstancia, añadida al hecho de que para interponer una demanda
judicial se precisa de cierto asesoramiento jurídico y que requiere gastos,
obstaculiza mucho para un inmigrante en situación irregular encontrar una
salida a su problema. En el caso de las trabajadoras sexuales todo ello se
complica más si cabe al hallarse sujetas a un intenso y continuo control
policial. 381
La consecuencia real de toda esta situación es que en España tenemos un
considerable número de inmigrantes que cumplen con todos los requisitos
exigidos por la ley para proceder a su regularización (permanencia en el
país durante un período mayor a tres años, contrato de trabajo, pareja
estable con ciudadano comunitario, etc) y por el contrario, no pueden
obtener el permiso de residencia al tener acordada una orden de expulsión
que bloquea cualquier opción y que les aboca a una permanente situación
de clandestinidad e inseguridad jurídica. En este contexto, he podido
comprobar que las trabajadoras sexuales en general y las trabajadoras
sexuales brasileñas en particular son de las poblaciones más afectadas.
Junto a los efectos negativos de nuestro contradictorio ordenamiento
jurídico en materia penal y de extranjería, el hecho de que las nacionales
380 En 2009 se crea un segundo juzgado de lo contencioso-administrativo en la capital, pasando a aliviar
sustancialmente la situación de colapso judicial que se ha vivido hasta entonces.
381 Ver Pheterson (2000: 27).
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