Actas del Congreso

La igualdad de las mujeres y niñas con discapacidad como requerimiento…
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lización de la esterilización sin consentimiento expreso del interesado o
interesada cuando se trata de una persona con discapacidad. La demanda
del CERMI se sustenta en el hecho de que la esterilización forzada de niñas
y mujeres y varones con discapacidad es un hecho injustificable desde la
perspectiva de los derechos humanos y, por ello, es inadmisible a la luz de
la CDPD. Es obligado revisar la normativa legal que regula la esterilización
forzada en España, abordando las cuestiones relativas al “consentimiento
informado”, para lograr el ajuste necesario y cumplir con el espíritu de la
Convención, que obliga a introducir reformas que asuman que el respeto
del hogar y la familia, la dignidad y la integridad de una persona con discapacidad
son derechos fundamentales, que no pueden verse vulnerados.
En este sentido, hay que señalar que el Comité sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad apoya esta argumentación:
38. El Comité insta al Estado parte a que suprima la administración de tratamiento
médico, en particular la esterilización, sin el consentimiento, pleno y otorgado con
conocimiento de causa, del paciente, y a que vele por que la legislación nacional
respete especialmente los derechos reconocidos a las mujeres en los artículos 23 17 y
25 18 de la Convención.
El CERMI ha podido presentar ante la 57ª Sesión de la Comisión de la
Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU en marzo de 2013 una
declaración en este sentido.
(…) Es necesario poner fin a la esterilización de las niñas y mujeres con discapacidad
intelectual y psicosocial como medida inaceptable de manera urgente. Es necesario
introducir las medidas legales que requieren que el consentimiento informado sea
obligatorio ante cualquier procedimiento médico y que se realicen los ajustes legales
para que la esterilización forzosa no continúe siendo legal.
Todos los poderes públicos deben revisar el marco jurídico que regula la esterilización
forzada y el aborto coercitivo, abordando el “consentimiento informado” y la
“capacidad jurídica”, con el fin de permitir los ajustes necesarios y cumplir con la
filosofía y las obligaciones que impone la CDPD de Naciones Unidas, que obliga
a los Estados Partes firmantes a introducir aquellas reformas jurídicas que permitan
el reconocimiento del respeto del hogar, de la familia, y de la dignidad e integridad
como criterio rector el del mayor interés del incapaz, haya sido autorizada por el
Juez, bien en el mismo procedimiento de incapacitación, bien en un expediente
de jurisdicción voluntaria, tramitado con posterioridad al mismo, a petición del
representante legal del incapaz, oído el dictamen de dos especialistas, el Ministerio
Fiscal y previa exploración del incapaz”.
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Respeto del hogar y de la familia.
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Salud.