Actas del Congreso

78 Marta Kindelán Bustelo
Una mejor formación del profesorado para que pueda atender las necesidades
de todos los estudiantes habría de ser un objetivo prioritario de
la política educativa en esta materia porque sobre ellos descansa la responsabilidad
principal de la educación inclusiva. También hay que enfrentar
la escasa inclusión en la educación preescolar, así como en la secundaria y
superior, donde conviene incidir de manera especial en la formación y en
las actitudes del profesorado.
No quisiera terminar mi intervención, sin referirme a los centros de
educación especial, uno de los asuntos más contestados del modelo de
educación de nuestro país. Numerosos autores, familias y organizaciones
defienden una interpretación de la Convención que exigiría desmantelar
los centros de educación especial para convertirlos en centros de recursos
de apoyo dirigidos a que los niños con discapacidad puedan realmente
tener una educación de calidad en los centros ordinarios, en igualdad de
condiciones con los demás. Mantenerlos es, en su opinión, mantener el
enfoque médico rehabilitador de las discapacidad ya superado y que no se
corresponde con el espíritu y fines de los textos internacionales (Campoy
Cervera, 2013: 20 a 27).
Nuestro legislador, el TC y el Comité de Derechos de las Personas con
Discapacidad, sin embargo, parecen considerar compatible con la Convención
y con el modelo de educación inclusiva un sistema que como principio
general escolariza a los niños con discapacidad en centros de educación ordinaria,
realizando en su caso los ajustes y apoyos necesarios, y solamente
de manera excepcional los escolariza en centros de educación especial.
Así, las leyes vigentes (Ley Orgánica 2/2006, de Educación, Ley Orgánica
8/2013, para la mejora de la calidad educativa, y Texto refundido de
la Ley General de derechos de las personas con discapacidad, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 1/2013) contemplan que se produzca, con
carácter excepcional, la escolarización segregada de algunos niños y niñas
con discapacidad. Las Administraciones educativas tienen la obligación de
asegurar un sistema educativo inclusivo que preste atención a la diversidad
de necesidades educativas del alumnado con discapacidad, mediante
la regulación de apoyos y ajustes razonables. Al tiempo, los alumnos pueden
escolarizarse en centros de educación especial o unidades sustitutorias
cuando excepcionalmente sus necesidades no puedan ser atendidas en el
marco de las medidas de atención a la diversidad de los centros ordinarios,
tomando en consideración la voluntad de los padres o tutores (artículo
18.1, 2 y 3 del Texto refundido de la Ley General de derechos de las personas
con discapacidad).